El Poder Judicial investiga si Gómez de Liaño incurrió en una falta en una conferencia

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer investigar si el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño cometió alguna infracción cuando el 29 de noviembre último pronunció una conferencia en Valencia, bajo el título Ley y secreto. Jorge Argote, abogado de Pedro Gómez Nieto, procesado en el caso Lasa-Zabala, denunció a su juez instructor por sugerir, entre otras cosas, que el Cesid fecundó "el óvulo de los GAL".La denuncia recoge también que Gómez de Liaño aseguró que los servicios de inteligencia constituyeron en los años ochenta una "cantera de expertos en pinchazos telefónicos" y "una escoba de ondas radioeléctricas", por lo que Gómez de Liaño pudo incurrir en falta muy grave: "La revelación por el juez o magistrado de hechos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta".

El servicio de inspección del CGPJ investigará los hechos denunciados y elevará a la comisión disciplinaria una propuesta, que podría ser de archivo si considera que Gómez de Liaño no incurrió en ninguna infracción, o de apertura de un expediente disciplinario si estima que cometió una falta. En este último caso, si el expediente concluyera con sanción por falta muy grave, Gómez de Liaño podría ser sancionado, según la ley, con suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o separación.

Para realizar esta investigación, el CGPJ ha solicitado al magistrado de la Audiencia que le informe sobre si en alguno de los sumarios relacionados con la guerra sucia contra ETA pueden estar implicados agentes del Cesid. Asimismo, el Consejo pide a Gómez de Liaño que le remita el texto íntegro de de la conferencia Secreto y justicia que pronunció en Valencia el 29 de noviembre.

Por otra parte, fuentes jurídicas señalaron ayer que el envío por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, al fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, de las informaciones de Diario 16 sobre denuncias del policía José Amedo contra el juez Baltasar Garzón por supuestas amenazas y coacciones en la instrucción del caso GAL, sólo puede conducir a investigar la conducta del magistrado. Fundamentaron este criterio en que los delitos que pudo cometer Amedo o Diario 16 contra Garzón y el fiscal Pedro Rubira -calumnias o injurias- son privados y sólo perseguibles a instancias de los afectados.

El CGPJ no apoyó a Garzón

El pleno del CGPJ acordó el miércoles, por 20 votos a uno, en respuesta a la petición de apoyo de los jueces de la Audiencia Nacional frente a los ataques de Amedo y Diario 16, recordar su defensa de la independencia judicial y estimar que "no es pertinente que este órgano constitucional interfiera en las actuaciones jurisdiccionales que se puedan derivar del conocimiento que de las mismas ya tiene el Ministerio Fiscal".El vocal disidente, Ramón Sáez, manifestó que la pretendida no interferencia "en actuaciones aún no iniciadas" de la fiscalía general del Estado "puede ser una excusa para que el pleno eluda hacer un pronunciamiento", a su juicio necesario.