Hacienda admite que los 600 expedientes "dañados" por el PSOE no han prescrito

Las acusaciones del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, sobre la mala gestión socialista en Hacienda han destapado la caja de los truenos. El PSOE contestó al PP con una mezcla de explicaciones técnico-jurídicas y adjetivos gruesos. Pese a todo, ambas partes en liza coincidieron: los 600 expedientes "dañados" según expresión de Costa, todavía no han prescrito. Primero lo denunció el socialista Juan Manuel Eguiagaray y después lo reconoció un portavoz de Hacienda, que justificó la denuncia por la "inminencia" de una nueva sentencia del Supremo que imposibilitará recaudar 200.000 millones. José María, Aznar tildó la gestión socialista de "amnistía fiscal encubierta".

Desde el punto de vista socialista, el Gobierno y el partido que lo sustenta intentan justificar en el pasado una importante caída en los ingresos en 1996 por los "regalos fiscales" aprobados desde junio.Los encargados de salir al paso de las acusaciones del Gobierno y del PP fueron el portavoz socialista en la Comisión de Economía, Juan Manuel Eguiagaray, y el portavoz del Grupo Parlamentario, Joaquín Almunia. Eguiagaray se preguntó en voz alta por qué el Gobierno del PP ha declarado prematura y públicamente prescritos los expedientes y por qué renuncia de antemano a defender ante los tribunales la corrección de los criterios sobre plazos que se venían aplicando en Hacienda.

Para cuando ambos socialistas dieron su versión de los hechos, sabían que tanto el presidente del Gobierno, José María Aznar, como el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no sólo asumían la denuncia de Juan Costa, sino que abundaban en ella.

José María Aznar, en declaraciones a RNE, acusó a los anteriores Gobiernos socialistas de favorecer a algunas personas mientras "pagan el pato otras" como los funcionarios, a los cuales "si esto se hubiera ingresado en las arcas públicas, se les podía haber aumentado el sueldo en 1997. Este último argumento, calificado de "ridículo" por Eguiagaray y de "desfachatez" por Almunia, provocó, además de las iras socialistas, la reacción de CC OO y UGT que achacaron a Aznar utilizar "excusas de mal pagador".

Cabe recordar que incluso el actual director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, aseguró que si se pudieran cobrar los 200.000 millones, el ritmo de ingreso sería de "unos 15.000 o 20.000 millones al año". Cada punto de subida a los funcionarios supone unos 80.000 millones.

Si Aznar fue ácido en sus declaraciones, el ministro de Economía, Rodrigo Rato -cuya comparecencia han solicitado los socialistas- no se quedó atrás. Rato calificó lo sucedido en Hacienda de "extremadamente grave" y aseguró que estamos ante un claro caso de ineficacia política, por no decir de negligencia".

Tampoco se mordió la lengua el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes. Este, informa Javier Casqueiro culpó al Gobierno de Felipe González de favorecer con este "intercambio de cromos" a "los amiguetes y no precisamente a los menesterosos".

Desde el rencor

Las acusaciones populares fueron calificadas por el PSOE de "desvergüenza" y "estupidez", fruto de la "irresponsabilidad" de un Gobierno que, según Almunia "gobierna desde el rencor" y, que según Eguiagaray "enmierda" la vida política. Tras los calificativos, las explicaciones.Según el ex ministro, todo el caso está generado por un cambio en el criterio que venían aplicando los Tribunales en el año 1994, criterio que defendió Hacienda hasta el relevo popular. Dicho criterio, que ahora se cuestiona, establece que una cosa es la inspección fiscal, que no puede durar más de seis meses y otra cosa es la liquidación, de la que se ocupa la Oficina Técnica.

El nuevo criterio considera la liquidación un acto más de la inspección. Es decir, si la liquidación no se produce en seis meses, la inspección queda invalidada y debe recomenzar, con el riesgo de que lo investigado haya caducado -la prescripción general es a los cinco años-

Eguiagaray aseguró que ante el cambio de criterios, en 1994, 1995 y febrero de 1996, Hacienda ordenó agilizar los expedientes, de forma que "a 31 de diciembre de 1995, en la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección (ONI), no quedaba ni un solo expediente pendiente de liquidar".