Italia asiste sin pasión a los juicios del primer ministro y del presidente de Fiat

Tanto Romano Prodi, el primer ministro italiano, como Cesare Romiti, presidente de Fiat, la empresa que ha sido denominada un Estado dentro del Estado, comparecerán hoy ante el juez como acusados, en circunstancias y procesos distintos. Nunca la justicia había llegado tan alto. Pero la gran novedad es que, a diferencia de lo que habría ocurrido hace sólo unos meses, estas noticias no conmueven ya a la sociedad ni al sistema político. Prueba de que los procesos han perdido su poder desestabilizador en Italia es que la lira y la Bolsa están subiendo pese a ellos.

Prodi ha asegurado que, aunque la audiencia preliminar a que será sometido hoy en relación con un delito de prevaricación y tráfico de influencias supuestamente cometido en 1993, cuando era presidente del Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), concluyera dentro de unos días con la decisión de procesarle, no dimitirá. Y esa afirmación que el pasado mes de noviembre, cuando estalló el caso, resultaba poco creíble, parece hoy verosímil.Romiti ciertamente seguirá en la presidencia de Fiat, aunque sea condenado por los delitos de financiación ilegal de partido político, falsificación contable y fraude fiscal de los que se le acusa en el proceso que comienza hoy en Turín. Fue elevado a la presidencia de Fiat cuando ya se sabía que sería juzgado.

El juicio de Romiti se celebrará a puerta cerrada y seguramente en ausencia del acusado, ya que los jueces han aceptado la propuesta de la defensa de un proceso abreviado previsto por la ley para aligerar de trabajo a los tribunales. En consecuencia, no se podrá saber mucho de los manejos financieros y las comisiones ilegales pagadas.

El procesamiento de Romiti, gran gestor de Fiat como consejero delegado desde 1980, representa, en efecto, la culminación de los numerosos problemas judiciales que el primer grupo privado italiano padece desde1993. Pero es posible que no cierre totalmente las peripecias en tribunales de Romiti, pues el hoy presidente de Fiat ha sido también denunciado por un acusado en las investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en la gestión del grupo editorial Rizzoli-Corriere della Sera (propietario en España del 45% de El Mundo), perpetrados tras la toma de control del mismo por parte de Fiat y otros socios.

A partir de 1993, más de una docena de ejecutivos de Fiat iniciaron en la cárcel un calvario de interroegatorios, enfrentamientos y contradicciones que concluyeron en despidos y precipitaron la venta de la constructora de la Cogefar Impresit, la constructora del grupo. Los magistrados llegaron hasta Francesco Paolo Mattioli, director financiero y número tres del organigrama, y hasta Romiti, que ha servido de firme parapeto a Giovanni Agnelli, hoy presidente honorario del grupo.

También la citación judicial de hoy contra Prodi se desarrollará a puerta cerrada, como todas las audiencias preliminares, y es igualmente muy improbable que el propio primer ministro acuda a explicar al juez que no hubo ilegalidad en la venta de la empresa pública Cirio a unos intermediarios italianos que, a su vez, la vendieron a Unilever.

La mejor garantía de estabilidad para Prodi es el acuerdo cerrado por Massimo D'Alema y Silvio Berlusconi, como líderes de los dos partidos mayoritarios, de izquierda y derecha, respectivamente, para colaborar en la reforma del sistema político. Puntos implícitos de ese acuerdo son la ley aprobada la semana pasada por el Gobierno que permitirá a los corruptos librarse de la cárcel y que no tendrá efectos procesales mientras no sea aprobada por el Parlamento; la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos, que apunta a la despenalización del delito correspondiente, y una reorganización pendiente del sistema televisivo, aceptable para Silvio Berlusconi.