Los socialistas descartan el acuerdo

La imagen del presidente del Gobierno, José María Aznar, estrechando la mano del secretario general del PSOE, Felipe González, tras firmar un nuevo pacto autonómico no será posible. 'Tara fotos en La Moncloa ya tienen a otros", dijo ayer a este periódico el portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia.No habrá, pues, pacto. Al menos, en los términos en que quiere el Gobierno. Y todo, por sentirse excluidos los socialistas de la negociación entre el PP y CiU que ha culminado en un nuevo modelo de financiación autonómica. Los socialistas sí acudirían a la llamada del Gobierno al acuerdo siempre que se incluyera la financiación, lo que resulta inútil porque ese capítulo no entra.

El presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, ha utilizado su tono más conciliador para llamar a la mesa de negociación. El ex ministro, de la Presidencia y actual diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba aprovechó su estancia en una provincia de su comunidad, Burgos, para darle las gracias, aunque llega tarde. "La propuesta del señor Lucas es loable, pero llega tarde y muy limitadamente", dijo Rubalcaba.

Tal y como están las cosas, los socialistas interpretan que la llamada al pacto del Gobierno tiene que ver con la reforma de los estatutos que se rigen por el artículo 143 de la Constitución, es decir, las autonomías pequeñas o de vía lenta. No creen que haga falta para acordar mayores cotas de autogobierno para estas comunidades hacer un acto solemne, dado que las futuras nuevas competencias están ya pactadas por escrito desde hace mucho tiempo. Para ello se requiere la reforma de los estatutos, que irá llegando en cadena al Parlamento y votada a favor en la mayoría de los casos. Las discrepancias se conocen al dedillo.

No más nacionalidades

El PSOE no votará a favor de que ninguna región más pase a ser denominada "nacionalidad", lo que acaba de aprobarse para Aragón y Canarias con su voto en contra. Tampoco se tendrá su apoyo para autorizar a las comunidades que tengan capacidad de convocar elecciones. "Los dos grandes partidos, PP y PSOE, debían estar de acuerdo en impedir que España entre en un proceso permanente de elecciones" propugnó ayer Almunia. Actualmente, las 13 comunidades de vía lenta van a las urnas el mismo día.

Al rechazo a la nacionalidad y a la capacidad de disolución unen los socialistas una objeción de nuevo cuño: el sistema sanitario. Desde el acuerdo entre el PP y el PSOE de 1992 estaba previsto el traspaso a las comunidades autónomas del Insalud. "Ahora no estamos dispuestos a ese traspaso mientras no haya un acuerdo sobre el Sistema Nacional de Salud". Con ello, Almunia alude a los temblores que albergan sobre presuntas intenciones gubernamentales de privatizar la Sanidad.

La situación sigue en un callejón sin salida, dado que los presidentes socialistas de comunidades reclaman una negociación bilateral y rechazan la posible solución de prorrogar el sistema anterior. "El Gobierno, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha derogado la posibilidad de prórroga, por lo que el anterior sistema de financiación no existe", señala el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Con especial irritación han acogido los socialistas las críticas ante la posibilidad de que el grupo parlamentario pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional al margen de que lo hagan sus presidentes autonómicos. Ignasi Ferreres, consejero de Trabajo de la Generalitat, lo consideró como "una cierta agresión", en tanto que el portavoz parlamentario de CiU, Joaquim Molins, instó a no dirimir ante el Constitucional "conflictos políticos".

Almunia califica de "talante totalitario" negar el derecho de un grupo político a recurrir ante el Constitucional. Recuerdan los socialistas los más de 40 recursos que llegaron al tribunal en los años de sus gobiernos: muchos, del PP y CiU.