Las cosas por su nombre

Llamar a las cosas por su nombre constituye la primera y más elemental regla del oficio de periodista. Una utilización gramaticalmente correcta del lenguaje evitaría en gran medida las farragosas discusiones que a veces se suscitan sobre el significado políticamente correcto de las palabras. Llamar a las cosas por su nombre es, además, un deber que el Libro de estilo impone al periodista como mejor modo de no caer en los eufemismos con que determinados colectivos o intereses intentan en ocasiones ocultar la realidad. Hay cosas que sólo se pueden llamar de una manera, y hacerlo de otra conlleva el riesgo de utilizar términos que no significan en absoluto lo que las cosas son. El magistrado que preside una sala de justicia sólo puede ser su presidente, y nunca su jefe como se dijo en el titular sobre la anunciada dimisión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si existe un ámbito institucional ajeno a cualquier estructura jerárquica, es el judicial. Ningún juez es jefe de otro; en todo caso, cada juez es jefe de sí mismo. El magistrado que preside un tribunal colegiado no está por encima de quienes lo componen; dirige las sesiones y el orden del juicio oral, pero ni manda ni ordena a sus pares, a la hora de decidir. Calificar dicho titular de inconstitucional, como pretende un lector, no pasa de ser una ocurrencia. Pero es especialmente impropio de un, periódico de referencia como EL PAÍS, con fuerte proyección social e institucional, transmitir conceptos equívocos sobre la función judicial que pueden confundir a los lectores.El uso correcto del lenguaje en todas sus formas -desde el empleo debido de los términos a su corrección gramatical, pasando por la transcripción cabal de las palabras extranjeras- constituye una de las máximas preocupaciones de los lectores. No sólo de los de EL PAÍS. Thomas Ferenczi, mediador de Le Monde -así se llama el Defensor del Lector en este periódico francés-, ha señalado recientemente que los problemas referentes a la lengua son también recurrentes en el correo de los lectores de ese medio informativo. En este terreno el lector es beligerante y no admite fácilmente las explicaciones al uso sobre las causas del maltrato periodístico al lenguaje. Ni las prisas, ni el cada vez mayor ritmo productivo, ni la creciente masa informativa que hay que tratar justifican que en la crónica del pasado 24 de diciembre desde Bruselas se diga que "los perros adiestrados no hayaron indicios de cadáveres" y se insista en "los restos hayados de dos adolescentes". Es sólo un ejemplo de los que de tanto en tanto dañan la vista de los lectores y que algunos no dejan de señalar de acuerdo con el derecho que les asiste.

El Libro de estilo establece que "la primera responsabilidad de las erratas y equivocaciones es de quien las introduce en el texto". De igual parecer es Alfonso J. Vázquez Vaamonde, de Madrid, quien afirma: "Para que los periodistas no cometan errores ortográficos sólo se necesita que sepan ortografía, es decir, que no sean analfabetos, de la misma manera que para evitar que cometan errores aritméticos sólo se necesita que sepan aritmética, es decir, que no sean anuméricos. Y si ambas exigencias son igualmente exigibles en un ciudadano medianamente cultivado, ¡cómo no van a serlo en un profesional de la información! Contrólense los niveles de competencia exigible a un profesional y el problema se resolverá solo". Pero un periódico es un producto industrial que concentra el esfuerzo de muchas personas, es decir, es una obra colectiva por antonomasia, y requiere controles de calidad a lo largo de su proceso de producción que eviten que el error o el descuido del autor del texto repercutan en última instancia en el lector. EL PAÍS dispone de esos controles, pero el abundante correo sobre este asunto muestra que fallan más de la cuenta.

Si no fuera así, sería inexplicable el amplio catálogo de errores ortográficos y numéricos que ha recopilado con paciencia digna del santo Job Antonio Casero, de Puerto de la Cruz, y que ha remitido al Defensor del Lector. Es cierto que esos errores se refieren a un periodo dilatado de tiempo pero vistos en su conjunto -catorce páginas fotocopiadas de las diversas secciones del periódico- no dejan de impresionar. Y no es ningún consuelo, ante faltas ortográficas imperdonables o elementales fallos aritméticos, que este lector resalte que "EL PAÍS es el mejor periódico del mercado, con que ya se puede imaginar cómo son los demás". Como también sería inexplicable el persistente error -señalado por Francisco Castellanos, de León- de amputar de la denominación oficial de la comunidad autónoma de Castilla y León la y copulativa que une el nombre de ambas regiones históricas, error que se cuela con cierta frecuencia en la información meteorológica. Podrá parecer una nimiedad, pero no lo es para el Libro de estilo ni para este lector que reclama que se escriba como corresponde. No depende directamente del Defensor del Lector poner remedio a estos errores y fallos. Pero estos lectores deben saber que sus esfuerzos no son en vano. La dirección de EL PAÍS y los restantes responsables de la Redacción están informados de sus quejas. Tomar conciencia de la cantidad y calidad de los fallos cometidos es el primer paso para subsanarlos.

Coste económico

Dos lectores, Manuel Morillo, de Zaragoza, y Simón Saludes, de Valladolid, se extrañan de que uno de los titulares de EL PAÍS sobre el nacimiento de los sextillizos de Huelva haya resaltado su coste económico. El primero considera que el titular "viene orientado por el hecho de que la madre haya decidido llevar a fin el embarazo, sin haber recurrido al aborto selectivo, que era la posición que se dejaba traslucir por parte de EL PAÍS". Le atribuye, pues, un sesgo ideológico. El otro lector se queja de que con ese titular se ataca lo público y se da un sesgo economicista a la información "ante lo que no tiene precio, sean sextillizos o un niño-a con enfermedad crónica o cualquier tipo de condicionamiento personal o social'.

José María Izquierdo, director adjunto de EL PAÍS, niega que el titular responda a alguna motivación ideológica o economicista. Y explica por qué: "Cuando ese domingo, 8 de diciembre, dimos la noticia del coste de toda la operación, ya llevábamos dadas más de veinte informaciones sobre el mismo asunto. Habíamos enfocado el tema desde el punto de vista médico, científico, humano... Y ese día juzgamos que lo más interesante era ofrecer el coste total que había supuesto el nacimiento de los sextillizos, que ignorábamos hasta entonces. Ese es el motivo que nos llevó a titular con el único dato que ese día era noticia. Y no hay más explicación que la puramente profesional. Como en todo, pudimos acertar o errar en la valoración, pero creo sinceramente que las cargas ideológicas, en este caso, se las han puesto los lectores y no el periódico".

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número (91) 337 78 36.