El Gobierno detalla en un decreto las facultades que se reserva en Telefónica
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto que salvaguarda de forma selectiva los intereses del Estado en Telefónica y su filial Telefónica Móviles, como paso previo a la privatización del 21 % del capital de la operadora que aún se mantiene en manos públicas. La compañía deberá obtener la autorización administrativa previa para tomar decisiones estratégicas cuando ya sea totalmente privada.El real decreto, a la hora de justificar esta medida, recuerda que Telefónica "es concesionaria de servicios de comunicación esenciales de titularidad estatal y reservados al sector público, cuyas tarifas y régimen de prestación están reguladas por el Gobierno".
Así, el establecimiento del régimen de autorización administrativa responde a "la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad del grupo Telefónica en atención al carácter estratégico de sus actuaciones y los desafíos que afronta en la configuración del futuro mercado de las telecomunicaciones, siendo un instrumento necesario de garantía del interés general". El régimen de autorización estará vigente en los próximos 10 años, a partir de la privatización.
El Ministerio de Fomento será el responsable de autorizar -tras enviar un informe al Mi nisterio de Economía- los acuerdos sociales de disolución voluntaria, escisión o fusión; la sustitución de objeto social; la enajenación o gravamen de activos, partes o cuotas o de acciones o títulos representativos del capital.
Bienes bajo lupa
Los bienes a que se refiere el real decreto son los equipos y portadores de comunicación y la infraestructura asociada, siempre que estén en territorio español (cable coaxial, cable de fibra óptica, cable interurbano de pares, redes de abonado y conexiones entre nudos secundarios de Madrid y Barcelona), las centrales de tránsito y edificios que las albergan, centrales internacionales y edificios que las albergan, cables submarinos, participaciones en sociedades o consorcios dedicados a la explotación de satélites o cables submarinos, estaciones terrenas de satélites y estaciones costeras de amarre de cables submarinos.
También estará sujeta a la autorización previa la compra de acciones de la compañía cuando superen el 10% del capital.
Por otra parte, Izquierda Unida, que es contraria a la privatización de Telefónica, presentó ayer una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita que el Estado ceda a los sindicatos algunos de los puestos que ocupa en el Consejo de Administración de la compañía y pide, además, que se garantice de manera permanente y suficiente la presencia del Estado.
