Cuatro nuevos juzgados intentarán que las víctimas de delitos sean indemnizadas

Que haya hoy en la plaza de Castilla 25.000 sentencias penales pendientes de ejecución -bastantes de ellas con varios años de antigüedad- no significa, según el juez decano, dejación por parte de los magistrados. La cuestión radica en el volumen de trabajo -los jueces penales han llegado a firmar una media de 600 fallos por año, en torno a 16.000 entre todos- y en la ausencia de una fórmula adecuada para ejecutarlas con la celeridad exigible. Ante las dificultades, los jueces se han preocupado más del cumplimiento de las penas carcelarias que de procurar las indemnizaciones. Localizar a reos que se ocultan de la justicia y rastrear sus patrimonios (y, llegado el caso, subastarles el piso o el coche), supone excesivo tiempo y trabajo para juzgados ya de por sí saturados.La conversión de cuatro de los 27 juzgados penales de Madrid en ejecutores de sentencias no implicará mayor carga de trabajo para los que quedan. El nuevo Código Penal ha reducido sus competencias. Si antes del cambio legislativo se encargaban de juzgar delitos con penas de hasta seis años de prisión, ahora sólo juzgan aquéllos con penas iguales o inferiores a tres años (robos, lesiones, conducción bajo el efecto de alcohol ...). De tres años para arriba -como ocurre con los robos con intimidación, alzamientos de bienes, estafas, insumisiones al servicio militar...- la competencia atafle ahora a las audiencias.

La entrada en funcionamiento de estos cuatro juzgados especializados permitirá, 11 en cuestión de un año, opina el decano, ejecutar las 25.000 sentencias hoy empantanadas. Se resolverá así el problema de los juzgados de lo penal. Pero seguirá pendiente otro de mucho mayor calado, el de los juzgados de primera instancia (que tramitan asuntos de familia, quiebras empresariales, interdictos ...).

Los 65 jueces de esta jurisdicción mantuvieron el año pasado una huelga que consistió en paralizar la admisión de un 30% de los pleitos civiles que llevaban los abogados. Justificaron la medida en que estaban desbordados de trabajo, y exigían una reforma procesal que agilizase la tramitación de asuntos y la creación de nuevos juzgados. Como consecuencia de esta singular huelga, que se prolongó ocho meses, se amontonaron en las instalaciones del decanato unos 16.000 asuntos. Se puso fin a ella, sin haber conseguido ninguna de sus reivindicaciones, tras la intervención, por dos veces, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó el reparto inmediato de todas las causas. Los jueces convinieron en repartirse, de esas 16.000 acumuladas, tres cada día. Sin contar las nuevas. Hoy están incluso peor. La única esperanza es que el Ministerio de Justicia cree los seis nuevos juzgados de lo civil prometidos para 1998.

En la actualidad, cada juzgado de primera instancia recibe al año una media de 1.200 asuntos, cuando el máximo razonable son 800 si se quiere que la sentencia tenga una mínima calidad, según un baremo del Consejo del Poder Judicial. En la última junta que celebraron los jueces de lo civil se decidió volver a la carga. Se sugirió a los compañeros, reconoce el decano, que sólo tramiten el módulo establecido: no más de 800 asuntos por ano. El resto, cuando buenamente puedan. El atasco se trasladará ahora a los propios juzgados, que irán dejando de un año para otro los asuntos excedentes. Explica el decano: "El volumen de asuntos de estos juzgados es intratable. Se están convirtiendo en destinos de paso tanto para funcionarios como para jueces, cuando debería de ser todo lo contrario".