Llamamiento

Este periódico, desde la fundación de nuestra asociación Derecho a Morir Dignamente, tomó una actitud decididamente favorable a nuestra legalización, que en principió nos fue denegada por el entonces ministro del Interior (1984). Ahora, como entonces, le ruego publique esta carta en defensa de unos derechos naturales e imprescriptibles de todo ciudadano libre, de una nación libre y democrática laica.Mi amigo Ramón Sampedro, tetrapléjico y miembro de nuestra asociación, está siendo sometido a la doble tortura de sufrir y causar, contra su voluntad, el dolor de los seres que le quieren y a los que él ama.

Este llamamiento va dirigido a nuestros diputados, que se supone hemos elegido para representarnos a los ciudadanos, únicos depositarios del poder en una democracia: ¿ustedes son conscientes de cuál es su obligación respecto a los derechos naturales e imprescriptibles? ¿Ustedes saben que esos cuatro derechos, a saber: libertad, propiedad, seguridad y resistir a la opresión, nadie, ni siquiera ustedes pueden restringir? ¿Han olvidado, si es que efectivamente lo sabían, que defender esos derechos, precisamente defenderlos contra todos los posibles atentados de quien sea, es su principal deber? Una sociedad donde no se respete la voluntad de cada ciudadano en todo acto que no sea perjudicial para otro u otros no es democracia ni tiene una constitución legítima. Unos diputados que prohíban a los ciudadanos algún acto inofensivo para la sociedad u otro ciudadano no son democráticos, tampoco lo son si obligan a alguien a hacer algo que merme sus derechos legítimos.

Señores diputados, ustedes legislan y gobiernan en nombre de los ciudadanos, y el respeto a los derechos de éstos, de todos y de cada uno, está por encima de cualquier otra considerción, ¡ésa es la prueba de su pureza democrática! y, pese a quien pese, mientras Ramón Sampedro o cualquiera otra persona, vea sometida su voluntad por la arbitrariedad ajena a su derecho, esto no es una auténtica democracia; unas elecciones pueden estar trucadas, pero el respeto a la dignidad de cada ciudadano o ciudadana es la prueba inconfundible de lo justo o injusto de un régimen político.

En cuanto a los ciudadanos "de a pie", no os dejéis manipular con bellas frases que se prestan a diversas interpretaciones; estamos defendiendo cosas que no son incompatibles: derechos y moral. Nada hay más injusto e inmoral que hacer sufrir a otro ser humano, o consentir el sufrimiento pudiendo evitarlo.-