El Gobierno inicia las grandes privatizaciones con la venta del 20,9% del Estado en Telefónica

El Gobierno ha dado el pístoletazo de salida para la venta de las joyas de la corona, las empresas rentables del sector público. El Consejo de Ministros aprobó ayer la venta de todas las acciones del Estado en Telefónica, el 0,9% del capital, por el que ingresaría 90.000 millones de pesetas de mantenerse el precio que fijaban ayer los títulos en bolsa (2.995 pesetas). El Gobierno, sin embargo, se reservará la potestad de vetar o autorizar las decisiones de Telefónica que considere estratégicas durante los 10 años siguientes a la privatización, prevista para el próximo mes de febrero.

Tras la celebración del Consejo de Ministros en el que se anunció la puesta en marcha del proceso de Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Telefónica, Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, anunció que el Gobierno se reservará algunos poderes sobre la actividad de la compañía, aún después de la venta de todas las acciones del Estado en la empresa.El Gobierno definirá esas atribuciones en un real decreto, en el que figurarán las decisiones estratégicas de Telefónica que habrán de ser sometidas a la aprobación previa del Ejecutivo. De esa forma, el Gobierno podrá vetar decisiones como, por ejemplo, la venta en un solo paquete de más del 10% del capital de Telefónica o paralizar posibles ofertas públicas de compra de acciones no deseadas por los gestores de la compañía.

En virtud de ese real decreto, determinadas iniciativas de Telefónica, como la firma de un acuerdo para el desarrollo de una plataforma de televisión digital o la integración de la compañía en alguna de las alianzas mundiales del sector, estarán condicionadas a su aprobación en Consejo de Ministros durante los 10 años siguientes a la fecha de privatización. La normativa será aprobada en cuestión de "días", según informó Rato y y puntualizará cada una de las decisiones sobre las que el Gobierno tendrá la última palabra. .

Este mecanismo, la reserva de una "acción" o "título de oro", que el Ejecutivo se empeña en de nominar en inglés golden share, aunque no retenga ni un solo título de Telefónica, está contemplado en la ley de 1995 sobre Enajenación de Determinados Activos Estratégicos del Sector Público.

Lo aprobado por el Gobierno sólo es un primer paso en la mayor privatización en España por ingresos esperados. Lo que hizo ayer el Gobierno fue autorizar el traspaso de las acciones de Patrimonio del Estado en Telefónica a la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA).

La SEPPA pasa a ser la encargada de diseñar la OPV y de hacer llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto con la información completa sobre la operación. No podrá vender las acciones del Estado antes de que entre en vigor el real decreto contemplado en la Ley 5 / 1995 de 23 de marzo.

Los asesores de la Dirección General de Patrimonio han adelantado ya algunos datos de la OPV. Se pondrán a la venta algo más de 196 millones de acciones y un 60% de las mismas irán dirigidas a inversores particulares nacionales. La OPV diseñada por Telefónica prevé un descuento para el tramo minorista de un 4% sobre el precio de salida y un premio por fidelidad de una acción gratis por cada 20 adquiridas y mantenidas durante un año, tal y como se hizo en la anterior oferta, de octubre de 1995. La compañía había previsto, además, "incentivos comerciales" en forma de regalos y sorteos (agendas y viajes al Caribe ...), pero éste ha sido uno de los elementos de la OPV que ha enfrentado a Telefónica con la SEPPA, partidaria de un mayor ahorro. Considerando las comisiones y otros gastos financieros, la OPV supondrá, un desembolso cercano a 50.000 millones. "La acción puede llegar a final de 1997 a 3.800 / 3.900 pesetas", afirma Ignacio Cornejo, director de análisis de la sociedad de bolsa Beta Capital. "La nueva política tarifaria y la nueva competencia en el mercado español generan algunas dudas sobre el futuro de Telefónica, pero la compañía está haciendo un gran esfuerzo por sanear su balance [va a reducir plantilla en 11.000 trabajadores hasta el 2001] y reducir su elevado endeudamiento [alrededor de 1,9 billones]", añade Jaime Smith, analista jefe de Benito y Monjardín.En la primera parte de 1997 el Gobierno quiere vender las participaciones del Estado en Telefónica, Repsol (10%) y Argentaria (25%), Retevisión, Transmediterránea e Inespal. También venderá, en tramos, el 63% de Endesa. Los Presupuestos para 1997 contemplan unos ingresos de 450.000 millones por privatizaciones. El Gobierno se reserva, por tanto, otra potestad: gestionar fuera del control de la Intervención General del Estado una cantidad importante del dinero procedente de la venta de activos públicos.