Las víctimas de atentados recibirán hasta siete millones de pesetas de la Comunidad por los daños materiales

La nueva Ley de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, aprobada el jueves por unanimidad en la Asamblea de Madrid, incluye ayudas de hasta siete millones de pesetas por los daños materiales sufridos en atentados. Esta ley, al igual que las existentes en las comunidades autónomas vasca y navarra, nace para complementar las medidas de apoyo que ya presta el Gobierno central.Si, para el mismo fin, la víctima percibe ayudas de otros organismos cuyo importe total es inferior al concedido por la Comunidad, entonces ésta sólo aportará la diferencia entre ambas. Si las otras ayudas son iguales o superiores a las de la Comunidad, la víctima no recibirá nada de las arcas regionales.

A diferencia de las ayudas estatales, que van más dirigidas a paliar problemas de invalidez u orfandad, las autonómicas intentarán resarcir los daños en bienes. No obstante, también garantizan la atención sanitaria y psicológica a las víctimas.

Otro de los aspectos, discutido por Izquierda Unida, es el de la concesión de becas de estudio, transporte, comedor y residencia a los hijos de las víctimas. La coalición presentó una enmienda, que luego retiró en la votación, alegando que esas ayudas no tenían sentido si la familia afectada dispone de suficientes ingresos tras el atentado.

Para establecer la cuantía de las ayudas materiales se tendrán en cuenta las circunstancias socio-económicas de sus destinatarios y también las disponibilidades presupuestarias de la Comunidad. Se establece un máximo de siete millones de pesetas por siniestro y solicitante. La Comunidad no costeará la reparación de daños en viviendas si ya la ha asumido el ayuntamiento de la zona afectada. Este es el caso del Consistorio de la capital, que suscribió en 1995 un convenio con el Ministerio del Interior para hacerse cargo de los daños en los pisos.

La petición de ayudas debería presentarse antes de transcurrir dos meses a partir del hecho. El Gobierno regional debería responder a la solicitud en tres meses. La ley entra en vigor a partir del próximo 1 de enero.