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LA CRISIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La inspección de la Fiscalía no proponía medidas contra Aranda

El jefe de la inspección de la Fiscalía General del Estado, Juan José Martínez Zato, no propuso medida alguna contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda. Martínez Zato investigó durante tres semanas a los miembros del Ministerio Fiscal de la Audiencia, al frente de un equipo del que formaron parte los fiscales José Luis Bueren y Fausto Cartagena.

La citada inspección halló una serie de presuntas irregularidlades en la conducta de varios fiscales. El informe redactado por la inspección señala, entre esas irregularidades, la ocultación por parte de los fiscales Eduardo Fungairiño y María Dolores Márquez de Prado de un informe solicitado a la Comisaría General de Policía Científica, que descartaba la participación del etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, Hankas, en el atentado contra José María Aznar. Dicho informe había sido solicitado a espaldas del juez Manel García Castellón, instructor de las investigaciones sobre el atentado, con el objetivo de apoyar la solicitud de procesamiento del citado etarra, algo que ya habia sido desestimado por Garcia Castellón.

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Los otros hechos irregulares recogidos en el informe, referidos a sus fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubini, apuntaban a que alumnos de ambos fiscales habrían calificado causas en tramitación ante la Audiencia Nacional, algo que está prohibido.

Los inspectores redactaron el informe con éstos y otros hechos. El responsable, Martínez Zato, extrajo las conclusiones. Entre ellas, la apertura de expedientes a los cuatro fiscales. En lo que se refiere al fiscal jefe, Aranda, no realizó propuesta alguna.

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Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, a cuya cabeza está Juan Cesárco Ortiz Úrculo, se apoyó para trasladar a Aranda en la "inspección ordinaria practicada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y enfatizó que se trataba de una "propuesta del Exemo. Sr. Fiscal Inspector", según se recogía en el comunicado hecho público el pasado día 10.Fuentes del Gobierno consultadas por este periódico dijeron haber recibido la versión de que Aranda era sancionado por haber incumplido la obediencia a que le obliga la jerarquía del Ministerio Fiscal. Al parecer, se transmitió al Gobierno que Aranda desobedeció órdenes de sus superiores en varias oportunidades. Esta versión choca con la que la propia Fiscalía General puso en circulación, según la cual Aranda era responsable per no haber sabido afrontar los problemas con sus subordinados en la Audiencia Nacional.

Fuentes consultadas anoche resumieron el conflicto señalando que, de momento, "lo que es un hecho es el apartamiento de José Aranda; los traslados de los otros dos fiscales están por ver a partir de cómo se resuelvan los expedientes".

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