La banca pide que se derogue la ley de subrogación de hipotecas

La Asociación Hipotecaria Española, organización en la que están integrados los principales bancos y cajas españoles, pidió ayer públicamente la derogación de la Ley de Subrogación de Hipotecas. Esta norma fue aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 24 de marzo de 1994, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.

La norma pretendía abaratar el cambio de hipoteca y avivar la competencia entre las entidades. Posteriormente, el pasado 29 de octubre, los bancos y las cajas sellaron un pacto de caballeros por el que se comprometen a reducir los gastos de cancelación anticipada de las hipotecas, con el mismo fin, facilitar el cambio.

La opinión del presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Gregorio Mayayo, es que el objetivo no se ha logrado. "La Ley de Subrogación de Hipotecas ha tenido escaso o nulo beneficio para los consumidores", aseguró.

"En un mercado con más de tres millones de préstamos hipotecarios en vigor [un saldo vivo de 19,6 billones de pesetas], el número de subrogaciones ha sido mínimo y la mayoría de los pocos ciudadanos que subrogaron su hipoteca han verificado, con el transcurso del tiempo, que el cambio efectuado y los gastos no están justificados por la mejora obtenida", sostuvo Mayayo en una rueda de prensa previa a la asamblea general de la Asociación.

Competencia exterior

Las críticas contra la Ley de Subrogación no acabaron ahí. Mayayo mantuvo que esta norma coloca en desventaja a las entidades financieras nacionales respecto a la competencia exterior. "España, mediante la Ley de Subrogación de Hipotecas, es el único país que permite a cualquier operador obviar los costos de instalación y de creación de una cartera hipotecaria", subrayó."Cualquier entidad europea puede, mediante una política agresiva y selectiva", según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, "atraer a los mejores clientes de las entidades españolas y deteriorar su cartera y resultados". Por contra, las españolas no pueden hacer lo mismo en Alemania, Francia o Italia, por ejemplo.

Por ello, Mayayo pidió públicamente al Gobierno que derogue la ley. O, en su defecto, que fuerce un acuerdo en el seno de la Unión Europea para que la norma española tenga efectos en todo el territorio de los Quince. Una petición parecida fue transmitida, hace poco más de un mes, por el consejo de la CECA al secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro.

Mayayo también solicitó al Ejecutivo que reconsidere las subvenciones a las viviendas de protección oficial. Pidió que, en lugar de subvencionar los tipos de interés, se destine ese dinero público a los propietarios.