CiU exige considerar su propio plan para apoyar la Ley de Justicia Juvenil

CiU puso ayer condiciones a su apoyo a la Ley de Justicia Juvenil que prepara el Ejecutivo. La coalición con cuyos votos gobierna el PP exigió al Gobierno que tome en consideración el texto e la Generalitat de Cataluña, a lo que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, contestó que el proyecto es todavía "sólo un documento de trabajo". Su predecesor en el cargo, Juan Alberto Belloch, calificó de "negativo y exagerado" admitir el internamiento de delincuentes de 14 y 15 años como recoge el texto del Gobierno.

Las condiciones que impone CiU las expresó ayer el portavoz de Justicia de esta coalición en el Congreso Manuel Josep Silva. Según su tesis, Gobierno y CiU deben hacer un "esfuerzo de aproximación" en una cuestión que es de tanta importancia. "El Gobierno no puede arriesgarse a llevar a las Cortes una cuestión como ésta sin haberse asegurado que cuenta con los apoyos necesarios", dijo. Silva adelantó, no obstante, que CiU podría ser favorable a la propuesta del internamiento especial para jóvenes mayores de catorce años. El exministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch ve "negativo y exagerado" este punto. En la misma línea se situó la portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Margarita Uria, que pidió al Gobierno que prime la reeducación frente a las medidas represivas y consideró un tanto excesivo que un adolescente de catorce años sea recluido durante dos años.

Mayor Oreja dijo que el proyecto es todavía un "documento de trabajo", aunque no un globo sonda. "Quedan muchas horas de trabajo, de contrastar, de discutir", dijo el ministro en Valencia. "Pero que no se asuste nadie porque el espíritu de esta ley lo recogía el nuevo Código Penal".

Centros de reorientación

El proyecto de ley distingue dos tramos para jóvenes de 14-15 años y de 16-17 años. Para todos ellos puede existir la sanción de internamiento, que se reserva para casos en que se haya empleado violencia o intimidación o a los casos de homicidio, lesiones graves, secuestros, agresiones sexuales, abusos sexuales, robos o terrorismo. El proyecto establece que los centros de internamiento estén "especializados donde se disponga de un ambiente que haga posible la reorientación de la conducta del menor". Cristina Alberdi, exministra de Asuntos Sociales, coincidió con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en señalar que el principal escollo del proyecto es, precisamente, la dotación de infraestructuras. Jueces para la Democracia ve "extremadamente duros" los castigos recogidos en el proyecto, mientras que la Asociación Francisco de Vitoria lo considera positivo.

Para Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la APM, sin la dotación suficiente, la nueva ley quedará "en papel mojado". Para el vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Gabaldón, lo importante es que los centros cumplan la misión reeducativa. Dos organizaciones juveniles mantuvieron ayer posturas contrapuestas respecto al proyecto. El Consejo de la Juventud rechazó la reclusión de los menores, mientras que Jóvenes contra la Intolerancia lo consideró una "respuesta ajustada".

Son novedades del proyecto la posibilidad de recluir a los jóvenes de 15-16 años durante cinco años y la obligación de padres, tutores, acogedores o cuidadores a responder solidariamente de los delitos.