290 personas, expedientadas este año por llevar armas blancas en la calle

Once centímetros. Ése es el tope que la normativa fija para las hojas de las armas blancas. Andar más allá es sobrepasar el filo de la ley. Algo que este año supuestamente hicieron las 290 personas contra las que la Delegación del Gobierno en Madrid ha instruido expedientes sancionadores por portar armas de este tipo en vía pública. Tampoco obtuvieron mejor resultado los centros de venta inspeccionados: 15 de los 31 establecimientos controlados este año fueron denunciados por vender armas prohibidas. Las sanciones por esta infracción oscilan entre 50.000 y un millón de pesetas

El único sector que se ha salvado del látigo sancionador de la Delegación del Gobierno es el de las armerías. En ninguno de los 46 establecimientos inspeccionados se descubrieron irregularidades. De este hecho se infiere que los principales suministradores de armas blancas ilegales son los locales menos especializados. Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha anunciado una nueva oleada de inspecciones. Esta campaña se basa en el Reglamento de Armas, de 1993. Un texto que marca los límites para el uso, la venta y circulación de las mismas. Así, están prohibidos, especialmente fuera del domicilio, las navajas automáticas y aquellas con hojas superiores a los 11 centímetros de longitud, los bastones-estoque y los puñales. La única excepción se refiere a las navajas no automáticas y con una hoja inferior a los 11 centímetros, cuya compra-venta está permitida. La tenencia por su parte, sólo es legal en el propio domicilio y con "fines de ornato y coleccionismo".

La intención de la campaña de inspecciones es frenar la proliferación de reyertas con armas blancas, en especial aquellas relacionadas con la violencia juvenil. De hecho, siete de cada 10 detenidos pertenecientes a las denominadas tribus urbanas -como los cabezas rapadas, los punkis y los bakaladeros- llevan armas blancas.

Otro punto que ha enarcado las cejas de los responsables de la Delegación del Gobierno ha sido el incumplimiento de la normativa de armas de fuego. Más de 300 poseedores de licencia perdieron o destruyeron las que tenían en lo que va de año. Otros 32 han sido sancionados por llevar o guardar en sus casas armas prohibidas.