Los colectivos antidroga afirman que "el sistema judicial no funciona"

La credibilidad del poder judicial ha vuelto a quedar maltrecha ante los grupos antidroga gallegos, que ya en su día tacharon de excesivamente benévola la sentencia impuesta por la Audiencia Nacional a los implicados en el caso Nécora en su fallo de septiembre de 1994. "Nos sentimos impotentes". Fue la frase más escuchada ayer entre los miembros de los grupos contra el narcotráfico de Galicia tras conocer el fallo del Supremo que rebaja la pena a Laureano Oubiña, su esposa Esther Lago, y a otros acusados en el macroproceso por narcotráfico.

"Siempre hemos dicho que creíamos en el Estado de Derecho, pero a partir de ahora tendremos que planteárnoslo muy seriamente", manifestó Carmen Avendaño, portavoz de la asociación Erguete y una de las dirigentes históricas de los colectivos antidroga en Galicia. Avendaño se declaró especialmente indignada por el hecho de que el fallo admita el origen ilícito de la fortuna de Oubiña, pero declare que no hay pruebas de que proceda del blanqueo de capitales del narcotráfico.

"Si el Estado no puede determinar el origen de un patrimonio tan fabuloso como ése es que los mecanismos no funcionan", dijo Avendaño. "Aquí falla el sistema judicial y probablemente también el policial. La dirigente de asociaciones contra la droga denunció además el caso del capo José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, quien, tras pasar sólo dos anos en la cárcel, ha accedido al tercer grado penitenciario.

Avendaño añadió que, aunque aún no tienen decidida una acción concreta, es previsible que los colectivos contra el narcotráfico convoquen actos públicos de protesta contra la sentencia.

Carga de la prueba

Por su lado, la Plataforma Galega contra o Narcotráfico consideró el fallo del Supremo como "una burla social que deja a España en una situación de descrédito ante el resto de países de la Unión Europea". "La actual legislación parece que invita a los delincuentes a seguir delinquiendo", indicó un portavoz de la Plataforma, que aprovechó para reclamar de nuevo la inversión de la carga de la prueba, es decir, que sean los acusados de mercadear con drogas los que tengan que demostrar el origen de sus fortunas. "Es una pena", declaró por su parte, el diputado autonómico del PSOE, Xosé Giráldez, "que se hubiese montado en su día un tinglado enorme de helicópteros y decenas de policías para que ahora no les pase nada a estos criminales". Alberte Rodríguez Feixóo, del Bloque Nacionalista Galego, destacó el "desconsuelo" que produce el fallo en los grupos antidroga.

El consejero de Justicia e Interior de la Xunta, Jesús Palmou, declinó opinar sobre el fallo del Tribunal Supremo.