Los derechos de los trabajadores dividen a los Quince en la OMC

La conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la primera desde la creación del organismo hace dos años, se inició ayer en Singapur cargada de tensiones. La propuesta estadounidense de incluir en las reglas de comercio unos derechos laborales mínimos, rechazada en bloque por los países en vías de desarrollo, ha abierto una brecha entre los países industrializados. Los Quince celebraron sobre la marcha un Consejo de Ministros para intentar, sin éxito, pactar una posición común. Las negociaciones entre la Unión Europea y EE UU para liberalizar las tecnologías de la información avanzan, aunque Bruselas las vincula a la apertura de las telecomunicaciones.

El director general de la OMC, el italiano Renato Ruggiero, instó a los 128 países miembros asistentes a la reunión de Singapur a superar sus diferencias en los asuntos más polémicos, como los derechos laborales, y alcanzar un amplio acuerdo en la declaración final que permita avanzar en la apertura del comercio mundial. La reunión de Singapur servirá para revisar el cumplimiento de los acuerdos de la Ronda Uruguay firmada en abril de 1994 por todos los miembros del antiguo GATT (Acuerdo sobre Aranceles y Comercio) y que suponía una reducción del 40% en los aranceles, un recorte del 36% en las subvenciones a la agricultura y la inclusión de los servicios y la propiedad intelectual en las reglas multilaterales del comercio. Los discursos pronunciados ayer por varios ministros revelaron las enormes diferencias que mantienen sobre la relación entre el comercio y los derechos laborales. Estados Unidos, apoyado por Francia y Canadá, quiere usar las reglas multilaterales de comercio para erradicar el trabajo infantil forzado, que afecta a 250 millones de niños (según los datos que se manejan en la cumbre) y procurar una mínima libertad sindical.

"Creemos firmemente que el mayor crecimiento de la economía que resulta del aumento del comercio debe conllevar un mayor respeto por los derechos humanos básicos, que es exactamente lo que persigue nuestra propuesta", explicó en su discurso la representante estadounidense de Comercio, Charlene Barshefsky. Otros países desarrollados, en concreto Alemania y el Reino Unido, son contrarios a desarrollar este debate en la OMC.

Proteccionismo encubierto

Frente a la división de los países industrializados las economías en vías de desarrollo, cuyo principal ventaja comparativa suele ser una mano de obra barata y poco protegida, mostraron su rechazo unánime a la propuesta estadounidense. Los países más pobres temen que la inclusión de una cláusula social en las leyes de comercio internacional sirvan de excusa a los países ricos para tomar medidas proteccionistas. "Cualquier intento por parte de la OMC de sobrepasar los límites legítimos del comercio e interferir en los métodos domésticos de producción provocará serias dudas sobre la credibilidad de la organización", señaló el ministro indio de Comercio, B. B. Ramiah. India también expresó su rechazo al deseo de los países ricos de imponer un régimen multilateral uniforme sobre la inversión directa extranjera. Por su parte, los grandes países exportadores de productos agrícolas como Brasil, Argentina, Uruguay y Australia pidieron acelerar las negociaciones sobre la apertura del sector.

Aprovechando su presencia en Singapur, los representantes de EE UU y Europa intentan sacar adelante la iniciativa estadounidense de liberalizar las tecnologías de la información (ordenadores personales, micro-procesadores, soft-ware) en el año 2000.

Esta propuesta cuenta con el pleno apoyo de Ruggiero. "En la economía del siglo XXI la información, como el agua, será un recurso básico", dijo en su discurso. Washington persigue la plena liberalización de este sector, cuyo comercio anual está valorado en un billón de dólares (unos 129 billones de pesetas).

El comisario europeo de Comercio, Leon Brittan, también considera "vital" para el éxito de la reunión de Singapur lograr un acuerdo sobre esta industria. Pero Bruselas vincula la negociación a otras que aún están pendientes, como es el caso de las telecomunicaciones y los servicios financieros. La UE y Washington discrepan además sobre la lista de productos informáticos que deben beneficiarse de la rebaja a cero de los aranceles.