El Gobierno diseña un plan para evitar el "despilfarro" de los funcionarios

El ajuste presupuestario llega a los ministerios. Economía y Hacienda acaba de lanzar un plan de austeridad que pretende encorsetar los gastos superfluos a sus 50.000 funcionarios y ser "el espejo" para los demás. En la Administración que quiere el PP se pondrán límites a las llamadas oficiales de los empleados y más problemas a las privadas, cuyas facturas deberán ser pagadas por ellos. Habrá menos teléfonos móviles y más comunicaciones por fax, más baratas. Se controlarán las fotocopias, la prensa, la luz y hasta los sobres. El Gobierno cree que así ahorrará 4.000 millones de pesetas e invertirá "una tendencia despilfarradora".

Este plan de austeridad ha surgido de la vicepresidencia económica del Gobierno "como una locomotora que arrastrará a otros departamentos", según fuentes del Ejecutivo. Los ministerios de Fomento y de Administraciones Públicas trabajan en la misma línea, pero han sido más modestos en sus pretensiones. La finalidad de este proyecto no es tanto ahorrar mucho dinero como "invertir una tendencia de gastar de manera inmoderada y volver a ser austeros", según los máximos responsables de la idea. Sólo en un ministerio, el de Economía y Hacienda, hay unos 50 altos cargos que disponen de teléfono móvil. Los autores del plan han comenzado por solicitar un inventario global de esos artilugios, contratados todos con Telefónica. El siguiente paso será reclamar una oferta alternativa a Airtel, su competidora. Luego, se restringirá su concesión únicamente a los ministros, los secretarios de Estado y algunos miembros de sus gabinetes o escoltas.

Sólo los ministros y los secretarios de Estado estarán tranquilos al efectuar llamadas privadas desde sus móviles. No las pagarán ellos. El resto, sí. La facturación detallada que permiten los nuevos sistemas telefónicos facilitará ese control.

Esos sistemas digitales, instalados ya en las centralitas de la mayoría de los grandes ministerios, servirán precisamente para establecer distintas "categorías de tráfico" de las llamadas telefónicas de todos los funcionarios. Por ejemplo, sólo se permitirán las llamadas interprovinciales a los de más alto nivel (29 y 30) y las internacionales a algunos de ellos, según la naturaleza de su puesto de trabajo. Otras medidas disuasorias serán potenciar el paso de llamadas por las centralitas, los candados electrónicos o manuales de algunos aparatos y la instalación de más teléfonos públicos.

Llamadas particulares

A cada funcionario, según su empleo, se le ha calculado un límite de tiempo y un importe máximo para su factura telefónica. Rebasado ese tope, o se justifica con razones oficiales el exceso o se le remite un escrito con el dinero que debe abonar por sus conversaciones particulares. Hasta ahora no ha habido problemas para cobrar esos recibos. La Administración que quiere el PP potenciará el fax frente al teléfono. Porque el primero puede cumplir las dos funciones, al discriminar las llamadas; porque evita la duplicidad de documentos a través de los correos ordinarios y, sobre todo, porque es más barato. Cada hoja de fax tarda en transmitirse entre 30 y 45 segundos y supone un coste de entre 40 y 60 pesetas. Una llamada normal media de tres minutos significa un gasto de 160 pesetas.