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Los socialistas lo intentaron en tres ocasiones

Luis R. Aizpeolea

Desde la aprobación de la Constitución, en 1978, hubo tres claros intentos durante la etapa socialista, todos ellos infructuosos, para sacar adelante una Ley del Gobierno. El objetivo fundamental era unificar toda la legislación dispersa sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna.Dos proyectos de ley, a punto de ser enviados a las Cortes, quedaron frustrados a última hora: uno, en 1992, siendo ministro de Administraciones Públicas Juan Manuel Eguiagaray; el otro, en 1995, siendo titular de esta cartera el también socialista Jerónimo Saavedra.

La iniciativa de Saavedra resultó abortada como consecuencia del clima político existente en aquel momento, sacudido por los escándalos. En pleno caso GAL, Saavedra pretendía elevar el rango de los secretarios de Estado a miembros del Gobierno, con fuero especial, lo que fue interpretado por la oposición como un intento de blindar a algunos altos cargos presuntamente implicados en la guerra sucia contra ETA, como Rafael Vera, procesado por el secuestro de Segundo Marey. Saavedra tuvo que retirar el proyecto ante la oleada de críticas que suscitó.

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El proyecto de ley de Juan Manuel Egulagaray no llegó tampoco a entrar en las Cortes, pero en este caso por razones internas del propio Gobierno socialista. Su texto no resolvía la polémica entre los administrativistas y los políticos, que interpretaban de manera distinta las relaciones entre el Gobierno y la Administración. A este desencuentro se cruzó un pulso de poder entre el entonces recién nombrado vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el poderoso ministro de Economía, Carlos Solchaga. La regulación de la figura del vicepresidente del Ejecutivo fue interpretada por Solchaga como una baza favorable a Serra. El proyecto no llegó al Parlamento.

A finales del año pasado, siendo titular de Administraciones Públicas Joan Lerma, sí conseguía entrar en las Cortes un nuevo articulado de la Ley del Gobierno. Pero tampoco tuvo fortuna porque la disolución anticipada de las Cámaras impidió su tramitación. El proyecto que ahora presenta el Gabinete del Partido Popular no difiere sustancialmente del de Lerma.

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