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Los grapos dicen que hay "posibilidades" de llegar a acuerdos con el Gobierno

Los 11 presos de los GRAPO encarcelados en Sevilla 2 confirmaron ayer que desde principio del presente año hay abierto un proceso de negociación con el Gobierno y que existe un temario de discusión elaborado "a petición" de este último. Los grapos aseguran que están al inicio de un proceso y que "hay posibilidades de llevarlo a buen término, pero sólo eso". La organización terrorista exige la puesta en libertad de 36 de sus 59 reclusos, alegando que ya han cumplido sus penas o sufren enfermedades incurables.

Los GRAPO, a través de un comunicado difundido ayer por sus abogados, han confirmado la existencia de negociaciones con el Gobierno, aunque matizan que esto "nada tiene que ver con el cansancio de los presos por los largos años de cárcel o la captura del comando que secuestró a Publio Cordón".

Este empresario, según reitera la organización terrorista, fue puesto en libertad en agosto de -1995, aunque hasta el momento no ha sido hallado, ni vivo ni muerto.

Los terroristas que llevan el peso de la negociación son los, grapos que están recluidos en el penal de Sevilla: Alicia Artímez Álvarez, Eva Alonso Arce, Carmen López Anguita, Elvira Diéguez Silveira, José María Sánchez Casas, José Balmón Castell, Fernando Hierro Chomón, Francisco Brotons Beneyto, Enrique Cuadra Echeandía, Joaquín Garrido González y Juan García Martín.

Arrepentimiento

Francisca Villalba, abogada habitual de los grapos, aseguró ayer que 36 reclusos de esta organización deben ser puestos inmediatamente en libertad condicional porque ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena o porque sufren enfermedades incurables. En opinión de la letrada, para ello no es imprescindible el arrepentimiento, y puso como ejemplo al ex teniente coronel Antonio Tejero, que ha obtenido la libertad condicional pese a no mostrar arrepentimiento por su participación en el golpe de Estado- del 23-F.El Gobierno, mediante contactos a través del Cesid, pretende obtener la disolución de los GRAPO, una organización que ha causado más de 80 muertos desde su nacimiento en 1975. Los GRAPO, por su parte, quieren que el Gobierno legalice al Partido Comunista de España reconstituido (PCEr). Según un comunnicado difundido ayer, los GRAPO desean llevar a las masas trabajadoras su política antifascista, antiimperialista y comunista" en condiciones que "no precisen el uso de la lucha armada, con el costo de sacrificios y víctimas por ambas partes que hasta ahora ha supuesto".

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La abogada Villalba señaló que "personalmente" es pesimista respecto al proceso dialogado GRAPO-Gobierno, debido, según ella, a que el Ejecutivo "ha incumplido todos los acuerdos" que había alcanzado con los presos en anteriores etapas.

La gran incógnita sobre estos contactos sigue siendo la actitud que pueda adoptar el dirigente Fernando Silva Sande, que está en paradero desconocido desde que escapó enn 1992 de la prisión de Granada. Según fuentes de Interior, Silva está totalmente al margen de las negociaciones.

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