El reparto de los costes eléctricos dependerá del saneamiento empresarial

El ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, ha enviado una carta a las compañías eléctricas con una propuesta de compensación, vía tarifas, de las inversiones que han realizado y que se supone que no podrán recuperar en un mercado liberalizado. Según dicha propuesta, las empresas se repartirán 1,988 billones de pesetas en diez años a partir de 1998. Son las denominadas "Ayudas a la Transición a la Competencia". De ese total, Industria propone que 1,5 billones (el 76%) se repartan mediante porcentajes fijos.

El resto, más de 400.000 millones de pesetas (un 24%), se repartirá en función de la evolución financiera de cada compañía, teniendo en cuenta su nivel de endeudamiento y sus costes financieros, entre otros factores.

Al margen de cual sea la respuesta de las compañías a la propuesta, el Ministerio de Industria desea firmar la próxima semana el denominado Protocolo para la Reforma de la Regulación del sector eléctrico o Protocolo Eléctrico, que ha provocado en los últimos tres meses fuertes tensiones entre las empresas y en el sector de la minería. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, confirmó ayer la intención de Industria de cerrar el tema la próxima semana y anunció que antes, mañana sábado, lo presentará Piqué en una conferencia de prensa en Barcelona.

En la carta enviada por Josep Piqué a los presidentes de las eléctricas se propone el siguiente reparto de los denominados costes hundidos o inversiones no recuperables en el mercado abierto: el grupo público Endesa, un 27%; Iberdrola, un 20%; Unión Eléctrica Fenosa, un 10%; FECSA, un 6,5%; Sevillana, un 4,5% e Hidrocantábrico, un 4,5%. El resto hasta el 76% es para otras pequeñas.

Informes

En cualquier caso, la aprobación del reparto no será un hecho hasta que la asociación del sector, Unesa, presente un informe y que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CSEN) emita su opinión. Sólo entonces el Gobierno dará el definitivo visto bueno a las compensaciones, que deben facilitar el propósito del Ejecutivo de establecer un marco regulador para estimular la competencia entre empresas y facilitar así una rebaja del recibo de la luz del 3% como media en 1997.La CSEN ya manifestó en un informe su postura crítica ante los planes de Industria para compensar a las eléctricas. Para la CSEN, un reconocimiento excesivo de costes hundidos en las compañías -en algún momento de las negociaciones se cifraron en más de dos billones- tendría una repercusión negativa para el usuario, que pagaría no sólo las inversiones no recuperables de las empresas (costes fijos), sino los beneficios que esas inversiones deberían haber generado.