Magistrados y Ejecutivo vasco critican a Arzalluz

La polémica invitación a los jueces que no sepan euskera para que se marchen del País Vasco, dirigida el domingo por el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, fueron censuradas ayer por miembros de la judicatura vasca y por la Consejería de Justicia del Gobierno autónomo. El presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez, calificó de "desafortunadas" las palabras de Arzalluz y subrayó que abren un debate inoportuno, que sólo produce "más crispación en la vida vasca".La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que preside Manuel María Zorrilla, analizará hoy en una sesión de urgencia las manifestaciones del presidente del PNV y emitirá una nota pública de desaprobación.

Al término del mitin realizado el domingo en Sukarrieta (Vizcaya) con motivo del aniversario del fallecimiento del fundador del PNV, Sabino Arana, Arzalluz manifestó que los jueces que no hablan euskera "deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor este país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también".

La Consejería de Justicia del Gobierno autónomo deploró en una nota las palabras de Arzalluz y aseguró que más allá del desconocimiento de la realidad del poder judicial vasco hay un "intento de discriminación por razón de lengua que, además de inconstitucional, supondría una violación gravísima de derechos fundamentales de las personas que optaron por ejercer su profesión en nuestra tierra y cuestionaría el funcionamiento mismo de la justicia en nuestro país".

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, señaló en la Línea de la Concepción (Cádiz), durante la inauguración del edificio que albergará provisionalmente los juzgados de dicha localidad, que "las palabras de Arzalluz no deben tenerse en cuenta, porque han sido pronunciadas, un domingo en un acto muy concreto del PNV y por lo tanto tienen carácter electoralista", informa Cándido Romaguera.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, manifestó: "Los jueces españoles, para ejercer en España, tienen que conocer el castellano. Independientemente de eso, que conozcan el idioma de la comunidad autónoma me parece que representará un enriquecimiento en las posibilidades del ejercicio de la función jurisdiccional; pero el idioma que hay que conocer como requisito imprescindible es el castellano".

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, dijo que no es partidario de "hacer declaraciones sobre declaraciones" ni de "organizar una polémica" por unas manifestaciones hechas en un "acto partidario (... )Creo", añadió, "que la legislación española es absolutamente conocida y que esas declaraciones no plantean un problema fundamental para el futuro de la justicia en este momento".

Las tres asociaciones judiciales arremetieron también contra el líder del PNV. Ángel Calderón, secretario general de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, calificó de "grave irracionalidad" las palabras de Arzalluz y manifestó su temor a que "alguna mano violenta, incluso asesina, ponga en práctica estas ideas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso Suárez, consideró "una locura" utilizar. cualquier lengua como factor de exclusión política. María Tardón, portavoz de la Francisco de Vitoria, admitió que es "deseable y lógico" que los jueces puedan expresarse en la lengua propia de la comunidad donde ejercen, pero dijo que otra cosa es tratar de imponer ese conocimiento coactivamente.

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