La legislación sobre medio ambiente está repartida en un laberinto de 14.000 normas

Hoy comienza en Madrid el III Congreso Nacional de Medio Ambiente. 1.500 participantes analizarán los principales problemas ecológicos de España. Los organizadores han destacado uno: "¿Se cumple la legislación ambiental?". "Con cumplir la que hay, estaríamos bastante bien" resume Luis Vicente Martín Barajas, de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA). Sólo en la UE hay 475 disposiciones verdes. Pero en España además dictan normas el Gobierno central, los autónomos y los ayuntamientos: en total, unas 14.000 normas.

"sobre vertidos a las aguas de óxidos de titanio hay 14 normas europeas. Sobre plaguicidas, más de treinta", indica la abogada ambientalista Cristina Álvarez Baquerizo, experta en derecho comunitario. "¿Cree alguien que un empresario o un ciudadano puede conocer semejante arsenal legislativo?". ¿Resultado? Obvio: se incumplen.La legislación ambiental en España ha venido empujada en un porcentaje muy, muy eleva do por la normativa europea De hecho, Álvarez Baquerizo explica que, cuando ella empezó a estudiar el tema en 1981 antes de que España entrara en la UE, el repertorio se reducía a 25 disposiciones de ámbito nacional: "Pero si no había leyes tan básicas como las de aguas, costas o residuos...". 15 años después la cifra se ha multiplicado 560. "Ha sido un esfuerzo increíble, y nos hemos hecho un lío", concluye.

Entre las normas menos respetadas, la tan citada como ignorada Ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. No se ha desarrollado con reglamentos e incluye aseveraciones que son absoluto papel mojado, como la que dice que los vallados cinegéticos -las cercas de los cotos de caza mayor- han de permitir el paso de la fauna salvaje. Aurora Gómez, abogada y coordinadora del Consejo Ibérico de Defensa de la Naturaleza, explica que esta ley especifica que la declaración de un espacio natural protegido ha de ir acompañada de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el plazo máximo de un año. "Y eso se incumple a menudo", indica. "Los Gobiernos autónomos quedan muy bien declarando áreas protegidas, pero sin ese plan, es como no hacer nada".

Ejemplos

Sobre áreas con títulos conservacionistas que a la hora de la verdad nada significan, hay abundantes ejemplos. De nada ha servido que Lanzarote sea Reserva de la Biosfera para impedir que el Ejército construyera unas instalaciones militares en los riscos de Famara. Todos los intentos ecologistas contra la polémica presa navarra de Itoiz basados en que afectaban a dos ZEPAS (Zonas de especial protección para las Aves, registradas en la UE) han caído hasta ahora en saco roto.Unas directivas no se han traspuesto y otras, aunque adaptadas a la legislación nacional, se quedan en pura letra por la falta o paralización de planes nacionales para llevarlas a la práctica. Cristina Narbona, diputada socialista y ex secretaria de Estado de Medio Ambiente, ve con pesimismo que se vaya a cumplir con una norma europea importantísima, la de depuración de aguas: "El Gobierno ha paralizado el plan nacional, ha reducido a la mitad las inversiones de este año, y veo muy negro que podamos cumplir en 1998 con el precepto de que los municipios de más de 5.000 habitantes depuren sus aguas".

Y otras normas de la UE se trasponen mal. Para María Luisa Toribio, portavoz de Greenpeace, es especialmente sangrante la ley española que adapta la directiva de acceso a la información ambiental: "La directiva dice que la denegación debe ser argumentada. La ley española da por bueno el simple silencio administrativo. Y a la hora de recurrir, se ha eliminado la vía administrativa y dejado sólo la judicial, lo que supone dos o tres años y dinero."

Para Ladislao Martínez, secretario confederal de Medio Ambiente de IU, resulta dificil elegir, "porque se incumple prácticamente todo". Pero destaca que la Ley de Costas y la Ley de Suelos se vulneran continuamente con edificaciones ilegales. Y la Ley de Aguas, con vertidos tóxicos a ríos. "La ley de Protección atmosférica de 1972 se vulnera sobre los contaminantes menos convencionales. Y la de 1986 sobre Residuos Peligrosos, porque ni se cumple con la obligación de declarar los vertidos". Hay mucha legislación, hay muchas denuncias, pero pocas sentencias condenatorias. ¿Por qué? "Por la dificultad de probar el delito", dice Ladislao Martínez.

Pedro Brufao, abogado de la CODA, resalta el incumplimiento sobre zonas protegidas y de la prohibición de accesos privados al mar que establece la Ley de Costas. Sobre las evaluaciones de impacto ambiental, es contundente: "Algunos estudios producen risa".

Martín Barajas, de la CODA, y Aurora Gómez, del Consejo Ibérico, coinciden en que la normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental de las obras -en forma de directiva europea y de leyes nacional y autonómicas- se vulnera constantemente, y es ya "un mero trámite administrativo, en el que a lo sumo se introducen retoques en las obras, pero donde escasísimos proyectos importantes se rechazan".

Domingo Jiménez Beltrán, director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague, no es optimista con España: "Faltan planes nacionales, de acuerdo con las comunidades autónomas, para aplicar la ley. Y algunos, como el de depuración de aguas, mucho temo que no se cumplan. El gran problema de España es la falta de operatividad por el carajal de las autonomías. Tirando cada uno por su lado, no hay modo ejecutar la legislación. Es uno de los países europeos con menos cohesión política, social y económica para abordar una acción común por el medio ambiente".