El control político de las reformas

Josep Piqué, ministro de Industria y Energía, está en un momento difícil. Medios políticos próximos al Partido Popular (PP) acusan al responsable de Industria de "excesiva bisoñez", puesta de manifiesto al mantener dos asuntos graves abiertos (privatizaciones y liberalización eléctrica) y, para complicar aún más la situación, abrir uno gravísimo -la reforma de la minería del carbón con criterio de mercado- derivado del protocolo eléctrico en ciernes. Resultado: el PP quiere "ser oído" en la conducción política del proceso y el vicepresidente Francisco Alvarez Cascos sugiere el apaciguamiento inmediato de las cuencas mineras mediante la aplicación de una política de intensas negociaciones con los sindicatos y las comunidades autónomas; proceso que equivale a negar desde ahora cualquier parecido con la reforma planteada por el ministro.Sea por inexperiencia -la reforma del sector eléctrico se pudo resolver fácilmente en el Parlamento sin plantear la cuestión de Hunosa y el carbón-, sea por ausencia de un programa detallado para coordinar ambas cuestiones, a partir de ayer, desafortunadamente, el protocolo eléctrico y la minería del carbón aparecen indisolublemente unidos; la firma del protocolo se retrasará mientras no se llegue a un acuerdo sobre el carbón. Por más que esta solución sirva para aplacar la rebelión de las cuencas, la situación es inmanejable, salvo que la liberalización del sector eléctrico "quede bloqueada" y se acepte mantener las cuotas de carbón para electricidad, con mayor o menor ritmo de descenso. Tal aceptación equivale al fracaso de los propósitos de Piqué y su equipo, con independencia de la calificación total o parcial que tales propósitos merezcan.

Todo aplazado

¿Por qué es inmanejable la confusión actual entre liberalización eléctrica y ayudas al carbón? Porque, tal como fuentes del Ejecutivo reconocían ayer, "es imposible conformar un documento que recoja sin contradicciones los intereses de todas las fuerzas en presencia. Nadie puede imaginar un protocolo coherente aprobado por las autonomías, las compañías eléctricas, los sindicatos y el Gobierno que no sea una declaración de buenas intenciones".

En esta situación, delicada para la estabilidad del propio Gobierno -Piqué se ganó la irritación de CiU por no informar con antelación de los deseos del ministerio sobre ENDESA, Fecsa y Sevillana-, la solución más probable es que todo quede aplazado, sin fecha. Por ejemplo, la privatización de ENDESA.