La Administración facilita el archivo de la causa

El archivo del sumario contra Ruiz-Mateos, si finalmente se produce, será la conclusión indeseada de un asunto que se ha llevado mal desde el principio, reconocen fuentes de la Administración. La Seguridad Social, que es el único organismo del Estado personado en el sumario, solicitó y consiguió, el pasado día 5, retirarse como parte del proceso de Rumasa por la inexistencia de deudas históricas de aquel grupo de empresas. La regularización, sin embargo, se ha realizado tras la expropiación y con dineros del contribuyente.La Rumasa estatal y el Estado no están personados en el sumario, lo que es dificil de entender, y en el proceso contra Ruiz-Mateos solo queda como acusación el fiscal que es quien ahora pide el sobreseimiento.

"La prueba última de cómo se ha llevado el caso", indican, "es que 13 años y medio después de la expropiación la Audiencia y algunos departamentos de la Administración siguen sin saber cuántas y cuáles eran, el 23 de febrero de 1983, las empresas de Rumasa".

No resulta muy explicable, agregan estas fuentes, que a estas alturas -en vísperas de la celebración del juicio- el fiscal haya solicitado a la Agencia de Administración Tributaria un "informe sobre las cantidades que desde el año 1978 hasta el 23 de febrero de 1983 adeuda cada empresa en concreto del holding Rumasa SA, detallando cada año y el concepto de la cuota defraudada (IRTP e IRPF)". Un escrito similar, pero relativo a cuotas, se pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social. El fiscal acompañó las solicitudes de un anexo que recogía la relación de empresas del citado holding. En este anexo figuran sólo 362 empresas, de las más de 700 que tenía Rumasa, y aparecen una serie de compañías que nunca pertenecieron al empresario jerezano y otras que, aún habiendo sido suyas, tienen confundida la denominación.

La Agencia de Administración Tributaria no ha llegado a contestar porque no dispone de datos de deuda una vez que ésta ha sido saldada. La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, remitió el 19 de agosto un escrito a la Audiencia Nacional, en respuesta al requerimiento de información sobre empresas de Rumasa, en el que se dice textualmente en su segundo párrafo:

"No obstante, al no haberse encontrado [ ... ] dato alguno sobre las empresas que se relacionan en el anexo al presente escrito, o encontrarse en algunos casos nombres similares, pero que no corresponden con exactitud a los indicados por esa Audiencia, se ruega proporcionen a esta Subdirección General el código o códigos de cuenta de cotizaciones de los mismos". El 5 de noviembre, la Tesorería informó finalmente a la Audiencia que solamente habían detectado dos deudas -una de 1.002.322 pesetas, correspondiente a Laboratorios Frine, y otra de 21.600 pesetas, correspondiente a MIDCO- y solicitó apartarse del proceso al estimar que las cantidades defraudadas han sido requeridas en vía ejecutiva y "no alcanzaban los mínimos tipificados en el artículo 307 del vigente Código Penal". Un auto de la Audiencia del día 11 admitió la solicitud de la Seguridad Social. Ruiz-Mateos esperó a conocer esta última decisión, que le beneficia, para dejar una vez más en evidencia a la Administración y hacer público que MIDCO nunca perteneció a Rumasa.

La desidia, desinformación y mal funcionamiento de algunos departamentos, han contribuido a que se llegue a la actual situación del sumario de Ruiz-Mateos. "Naturalmente que hoy no hay deudas de empresas de la antigua Rumasa con Hacienda y la Seguridad Socia, las hemos pagado nosotros", confiesa dolido un responsable de la Rumasa estatal. "Es decir, todo s los españoles", agrega, "y el fiscal debería saberlo".