Las billonarias pretensiones de Ruiz-Mateos

Trece años después de la expropiación de Rumasa, y pese a los agujeros financieros detectados en aquel grupo empresarial -260.000 millones- y las actividades irregulares y presuntamente delictivas cometidas, sus gestores pueden quedar libres de toda responsabilidad penal. El presidente de aquel entramado, José María Ruiz-Mateos, si. se archiva su causa como ha pedido el fiscal, no sólo no irá a la cárcel ni indemnizará al Estado por los quebrantos sufridos con Rumasa, sino que quedará también ante los tribunales como reclamante de compensaciones billonarias por la expropiación.Las limitaciones impuestas por Alemania en la extradición a España de Ruiz-Mateos, tras la huida del empresario, la eliminación no explicada del sumario de los presuntos delitos de estafa, y la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que modifica la tipificación de algunas conductas, explican en parte este posible desenlace. A ello hay que añadir la accidentada tramitación de este sumario, forzada en muchos casos por argucias legales del principal acusado, en la que se han producido cambios de jurisdicción y pérdidas de más de 200 folios de la instrucción entre otra muchas vicisitudes. El juicio que se sigue contra Ruiz-Mateos y otros gestores de la antigua Rumasa, fijado para el próximo 25 de noviembre, podría no celebrarse, aún en el caso de no prosperar la petición del fiscal Gordillo de archivar el sumario, como ha ocurrido en ocasiones precedentes. Mientras, el Estado tiene ante sí centenares de. reclamaciones indemnizatorias en los tribunales -cuenta ya con 22 sentencias favorables a antiguos accionistas de empresas de Rumasa, todas recurridas-, por un importe global que puede alcanzar, según los abogados de Ruiz-Mateos, los dos billones de pesetas por Rumasa S A -la cabecera del grupo- y una cifra parecida por las empresas. La familia Ruiz-Mateos, según ha explicado su hijo Zoilo, es consciente de la imposibilidad de retorsión de las empresas expropiadas y de las dificultades que puede plantear al Gobierno -en años de restricciones presupuestarias- la asunción de indemnizaciones billonarias. Por ello insisten, desde hace meses, en llegar a algún tipo de acuerdo egociado con el Ejecutivo -"encontraríamos fórmulas"- para lograr un resarcimiento económico y moral suficiente a s perjuicios sufridos. Algunas e estas fórmulas de compensación, aseguran en el entorno del empresario jerezano, podrían buscarse en el ámbito de las participaciones, empresariales estatales en algunas compañías que el Gobierno quiere privatizar. El Ejecutivo del PP, sin embargo, ya rechazó hace unos meses una solicitud de una indemnización de dos billones de pesetas presentada por Ruiz-Mateos.

La ambiciosa pretensión del ex presidente de Rumasa se justicaba entonces en la no ejecución de una sentencia del Tribual Europeo de Derechos Humanos de 1993, que dio la razón a Ruiz-Mateos en sus quejas por la excesiva duración del proceso y resolvió que hubo violación del carácter equitativo de los procesos seguidos ante el Tribunal constitucional. El tribunal europeo rechazó expresamente, sin embargo, el derecho a indemnización solicitado por el empresario.

Sus pretensiones, además de no estar respaldadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son discutibles. Como ha recordado recientemente el ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno socialista que decidió expropiar Rumasa, Miguel Boyer, la ley que se aprobó en 1983 para llevar adelante esta intervención. "establece una diferencia muy importante entre el resultado final para los accionistas minoritarios del grupo Rumasa y el accionista dominante, que era José María Ruiz-Mateos". Mientras los minoritarios de cada sociedad percibirán el valor de las acciones que poseían, "para Ruiz-Mateos deberán consolidarse los valores positivos de unas sociedades con los negativos de otras, estimándose un saldo final". "Los tribunales deberán, por tanto", dice Boyer, "hacer a su vez una consolidación de sumandos positivos y negativos de todas las empresas del grupo expropiado, a fin de determinar el saldo que corresponde a Ruiz-Mateos". El diferente trato entre unos y otros accionistas se justifica, según Boyer, en que los minoritarios fueron ajenos a la gestión de las sociedad mientras que el accionista dominante pudo trasvasar resultados de unas empresas a otras.

Fuentes de la Administración coinciden con el ex ministro y agregan que sería "inaudito" que Ruiz-Mateos cobrase justiprecio por alguna de sus empresas expropiadas, cuando el grupo se encontraba en situación de quiebra al ser expropiado y cuando en su gestión hubo claros trasvases irregulares de fondos entre las distintas compañías. La ley obliga a consolidar los balances del grupo a 23 de febrero, de 1983, en lo que se refiere a las indemnizaciones de Ruiz-Mateos, y el resultado difícilmente puede ser positivo. "y aun en el caso impensable que pudiera tener derecho a alguna indemnización, van a pasar lustros antes de que se ejecute su justiprecio y cobre una sola peseta", dicen. Para proceder a la consolidación, explican, deben concluir todos los procesos en marcha sobre justiprecios en las distintas empresas, lo que llevará años -máxime cuando hay muy pocas sentencias y todas están recurridas-, recabar datos contables de hace lustros sobre compañías que incluso ya no existen, nombrar una comisión de expertos -como exige la ley- que proceda a realizar la consolidación de balances, y que esta comisión concluya sus trabajos.

El equipo de abogados de Ruiz-Mateos sostiene, sin embargo, que la ley no dice nada sobre la exclusión de los accionistas con responsabilidad gestora del derecho al justiprecio, aunque reconoce la salvedad apuntada por Boyer para las sociedades accionistas de otras compañías.

A la familia Ruiz-Mateos, según su hijo Zoilo, le preocupa también el que este caso pueda cerrarse sin un esclarecimiento de las responsabilidades que han tenido en el mismo el ex ministro Miguel Boyer y el Gobierno socialista de aquel entonces. "Se han perdido miles de puestos de trabajo, se han cerrado y malvendido empresas que estaban generando riqueza, muchas personas se han lucrado con las reprivatizaciones, y al final los españoles -los contribuyentes- son quienes han pagado y van a seguir pagando los platos rotos de la expropiación", dice.

Reacciones contra Ruiz-Mateos

Un alto responsable en 1983 del equipo del Ministerio de Economía y Hacienda califica de "increible", entre otros adjetivos más gruesos, la preocupación esgrimida ahora por la familia Ruiz-Mateos sobre la responsabilidad de Miguel Boyer y del Gobierno socialista en la expropiación. "Una cosa es que se pueda archivar su sumario y que quede libre de responsabilidades penales, lo cual a mi juicio es cuando menos lamentable, y otra que se pueda poner en duda la necesidad objetiva por razones económicas y políticas de expropiar un holding como Rumasa, que estaba quebrado según ponía de manifiesto la inspección del Banco de España y la auditoría de Arthur Andersen, para evitar males mayores al sistema financiero y a la economía nacional. Máxime cuando sus gestores se negaban a colaborar con las autoridades para enderezar la situación de las empresas y bancos y cometían todo tipo de irregularidades".Coincide con la familia Ruiz-Mateos el ex alto cargo, sin embargo, en lamentar que, si finalmente se archiva el sumario, el desastre de Rumasa lo van a pagar los contribuyentes. En el sumario, además de solicitarse 12 años de cárcel para el ex presidente de Rumasa, se le reclama una indemnización a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que debía asumir de forma conjunta y solidaria con otros encausados, por importe de 652.000 millones de pesetas. Esta cifra es muy parecida a la atribuida oficialmente como coste de la expropiación de Rumasa.