Los 'platos rotos' del grupo de la abeja

Rumasa hoy, trece años y medio después, es una empresa de diez empleados, dependiente de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que se ocupa del papeleo de cobros relacionados con la privatización de las empresas del antiguo holding de la abeja, pago de los pasivos heredados (deudas fiscales), y seguimiento judicial, como parte, de los procesos relacionados dichas empresas.El 99% de las empresas e Rumasa han, sido privatizadas o disueltas, excepto Explotaciones Agrarias Andaluzas, que se declaró no privatizable y se incorporó al sector público, según el secretario general de Patrimonio, Miguel del Val, una compañía. de informática la finca La Almoraima que depende del Icona. Es lo que queda de las 786 empresas que tenía Rumasa el 23 de febrero de 1983, aunque sólo 215 de ellas eran operativas (el resto existían solo en escritura y en la mayoría no se había llegado ni a desembolsar el capital, según fuentes de la Administración). Por ello, sólo se expropiaron 219, y se absorbieron por la Rumasa estatal 213 compañías y por otros 151. En estos momentos Rumasa ha vendido 213 empresas y ha disuelto otras 200.

El coste de este proceso ha sido elevado, aunque una parte del dinero se está recuperando tras las reprivatizaciones. Las partidas más elevadas han sido dos préstamos por 378.000 millones (Real Decreto Ley 8/ 1994) y por 299.500 millones (Presupuestos de 1989). Es decir, 677.500 millones en total, según Miguel del Val, de los que se han devuelto 22.000 millones, de pesetas.

Rumasa, por otra parte, ha ganado dos pleitos internacionales planteados por la familia Ruiz-Mateos. En 1986, un tribunal del Reino Unido reconoció la titularidad del Estado español en Multinvest (las empresas de la llamada Rumasa Internacional dependientes de sociedades inglesas) en una sentencia que detalla las irregularidades cometidas por Ruiz-Mateos y cuantifica los dineros sacados por el grupo en 66 millones de dólares. En 1991 la juez norteamericana, June Green, dictó sentencia contra Ruiz-Mateos sobre los derechos de la marca, de jerez Dry Sack en EE UU, que pedía el empresario, y reconoció la titularidad al Estado español y la legalidad -conforme a las legislaciones de EE UU y España- de la expropiación de Rumasa. En julio de 1996, otro tribunal norteamericano condenó a Ruiz-Mateos a pagar 100 millones de pesetas a sus abogados en el citado pleito de Dry SacK.

Ruiz-Mateos tiene pendiente también, en el Juzgado número 37, un juicio por intento de estafa a la Rumasa estatal, que realizó en 1994 y en colaboración con Domingo López Alonso (ex presidente del Banco de Valladolid y de la editora del diario "El Imparcial"). Ambos falsificaron letras y pagarés para exigir una deuda inexistente de 1.400 millones de pesetas.