PP y PSOE negocian un mejor trato a la Telefónica en el cable

Los grupos parlamentarios Popular y Socialista están negociando una reducción de la moratoria de 24 meses que fue impuesta por el Gobierno a Telefónica para comenzar a operar en la televisión por cable, nada más constituirse el actual Gabinete de José María Aznar. De esas negociaciones dio cuenta ayer el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.Las dos mayores formaciones políticas se encuentran a punto de alcanzar un consenso. Se trata de fijar en 16 meses el plazo para que Telefónica pueda comenzar a operar en cable después que se constituyan los segundos operadores en cada demarcación. Además, se deja la puerta abierta para que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) rebaje ese plazo a nueve meses, según se desarrollen las inversiones de cable en cada demarcación. Telefónica podría incluso comenzar a operar desde el principio en aquellos territorios en que el concurso para segundos operadores quedara desierto.

También se ha planteado en las negociaciones la posibilidad de que quienes ganaron los concursos anteriores a la ley de Cable vean limitada su "amnistía" de 10 a tres años y sólo si la licencia ya hubiera sido otorgada.

Asimismo se pretende introducir mecanismos parlamentarios para la elección consensuada de los miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Los dos principales partidos políticos quieren que la CMT tenga competencias en materia audiovisual, licencias, numeración y sanciones.

Rubalcaba resaltó la necesidad de que la ley de liberalización de las Telecomunicaciones sea tramitada con urgencia, ya que para el 1 de enero de 1998 los operadores de cable deben tener su licencia para operar.

Problema de rentabilidad

Por su parte, el director general de Telecomunicaciones, Valentín Sanz, defendió ayer la apuesta del Ministerio de Fomento para que las demarcaciones del cable "sean grandes", de tal manera que puedan extenderse al mayor número de capas de población. "somos respetuosos con las decisiones autonómicas, pero preferimos demarcaciones mayores", dijo Sanz, quien clausuró el curso Régimen jurídico de las telecomunicaciones por cable en el Instituto de Empresa.Según los criterios del Gobierno, se cuestiona que demarcaciones de menos de 500.000 habitantes ofrezcan suficiente atractivo para el despliegue de redes interactivas de banda ancha.