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Urbanismo inicia el trámite para cerrar los apartamentos de El Mirador Real

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto un expediente al edificio de apartamentos El Mirador Real de Aravaca, comprado en tercera subasta, entre otros, por altos cargos del PP (el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy; el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan van Halen; y el gobernador civil de Cádiz, Jesús Hermida) y por el ex director de Radiotelevisión Española, Jordi García Candau (nombrado por el PSOE). El gobierno municipal, del PP, sospecha que hubo "uso indebido" de esos apartamentos turísticos. "En Aravaca ha existido picaresca. Ha habido promotores que han vendido como viviendas lo que eran apartamentos turísticos", declaró ayer el primer teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo, Ignacio Echeverría. La consecuencia final del expediente abierto a El Mirador Real, según indicaron los dirigentes municipales del PP, será la propuesta de clausura del inmueble si los propietarios no presentan el permiso de la Comunidad de Madrid para funcionar como edificio de apartamentos turísticos. Ese permiso, según confirmó ayer a EL PAÍS la Dirección General de Turismo de la Comunidad, no existe. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se niega a solicitar a dicha dirección general toda la información sobre la situación legal del edificio. "No tenemos por qué pedir nada a la Comunidad. Debemos seguir los cauces reglamentarios, y por eso hemos pedido ese documento a los propietarios". Los inspectores municipales no han conseguido la autorización regional. "Cuando fue el inspector de la Junta de Moncloa, en El Mirador Real no había ningún responsable que le pudiera decir si tenían ese documento", explicó Del Río. A su lado, el concejal de Limpieza, Luis Molina, ex presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, mostraba un documento de la Comunidad de Madrid donde se acreditaba que, en 1991, mucho antes de levantar el edificio, los promotores de El Mirador Real consiguieron una certificación donde se establecía lo siguiente: "Podrá la industria que en él se instale ser autorizada". Con este documento, la Junta de Moncloa, legalmente, según Molina, concedió la licencia de funcionamiento de El Mirador Real. Turismo afirma que ese documento no tiene validez, ya que tan sólo es el primer trámite para la construcción de un edificio hotelero. El segundo trámite nunca se cumplió pues, según este departamento regional, los promotores de El Mirador Real nunca solicitaron licencia de apertura del edificio para ejercer la actividad turística prevista. Los apartamentos fueron adquiridos en un juzgado por una comunidad de bienes (en la que figuraban los cargos del PP). Pagaron 900 millones en tercera subasta. Posteriormente, el ministro Rajoy vendió su apartamento por 25 millones.

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PSOE: "Aravaca es la página más negra del urbanismo"

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¿Es legal vender los apartamentos como viviendas?, le preguntó este Periódico al concejal del PP José Ignacio Echeverría. "Sobre conductas de terceros no hago ninguna valoración", contestó. El edil defendió que los compradores actuaron "de buena fe".

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, abrió ayer una posible legalización de los apartamentos turísticos para que se puedan utilizar como viviendas. "Dentro de un año, si los propietarios lo solicitan, podremos aprobar una modificación del plan general, como hicimos con los Altos del Hipódromo". Los promotores de los Altos del Hipódromo consiguieron cambiar la calificación de su inmueble, de terciarlo a residencial, a cambio de pagar 500 millones de pesetas. Si los compradores de los 45 apartamentos de El Mirador Real quieren usarlos como residencia habitual, deberán pagar al menos otros 500 millones, según sugirió ayer Del Río.

La oposición no aceptó estas explicaciones. El edil socialista José María de la Riva cargó ayer contra la gestión urbanística del PP y pidió la clausura del inmueble: "En Aravaca, el PP está escribiendo la página más negra del urbanismo que jamás se haya escrito en Madrid". El PP defendió ayer que todas las recalificaciones de suelo aprobadas en Aravaca habían cumplido la ley.

Sin embargo, la asociación de vecinos de Valdemarín denunció por presunto tráfico de influencias a nueve personas, entre ellas José Manuel Bartolomé Gutiérrez, marido de Isabel Tocino, por comprar fincas que iban a ser recalificadas posteriormente por el Gobierno del PP.

Dos de esas personas, Clemente Solé Parellada (director y fundador de la Caja de Caminos) y Juan Canadell (vocal de la Caja e ingeniero de caminos en Dragados y Construcciones, empresa constructora de la M-40), comparecieron ayer ante la juez por un supuesto uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos por el cierre de la M-40 en la zona de Aravaca. A la salida del juzgado Solé explicó que había adquirido los terrenos "para construir un apartahotel".

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