Garzón, cita como imputados a Vera, Corcuera y Roldán para posibles careos

El juez Baltasar Garzón ha citado a declarar mañana como imputados al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, al ex secretario de Estado Rafael Vera y al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán para posibles careos. La comparecencia tiene relación con una declaración de Roldán, en la que aseguraba que agentes de la Guardia Civil habían secuestrado, por órdenes de Vera y con conocimiento de Corcuera, al miembro de los GRAPO Jesús Cela Seoane, en las proximidades de La Coruña, en 1990, para sacarle información.

La declaración de Corcuera y Vera estaba prevista para el pasado 25 de octubre, pero primero el ex ministro y luego el ex secretario de Estado recusaron a juez por enemistad manifiesta y falta de iniparcialidad. Era la tercera recusación de Vera contra Garzón por sumarios relativos a los GAL -en el caso Marey, el García Goena y el Oñederra- y la primera de, Corcuera. Ambas fueron rechazadas sucesivamente por el juez Javier Gómez de Liaño, sustituto de Garzón.

El juez tuvo que suspender las declaraciones y pasar la causa a Gómez de Liaño. Las citaciones se producen en el caso Oñederra en el que se investigan cuatro de los primeros asesinatos de los GAL, el secuestro de Cela Seoane, la experimentación de drogas en mendigos, y el envío de cartas bomba a simpatizantes de ETA y HB, que causaron la muerte a un cartero.

El secuestro de Cela Seoane fue denunciado por el propio miembro de los GRAPO en La Coruña, en 1990, pero la supuesta intervención de guardias civiles en la operación fue narrada por el propio Roldán, que era director general de la Guardia Civil cuando ocurrieron los hechos. Precisa mente Roldán está citado no para declarar sino para participar en careos con Corcuera y Vera para el probable supuesto de que ambos contradigan la versión del ex director general.

Roldán declaró que el secuestro de Cela Seoane fue consecuencia de una operación ordenada por Rafael Vera con el conocimiento de Corcuera y efectuada por efectivos de la Guardia Civil dirigidos por el teniente Pedro Gómez Nieto.

El objetivo del secuestro era sonsacar al miembro de los GRAPO toda la información de la que tuviera conocimiento sobre el paradero de otros terroristas de la banda.

El secuestro tuvo una duración de unas ocho o diez horas, el tiempo en que tardaron los guardias que participaron en la operación en convencerse de que Cela no sabía nada, según consta en la declaración de Roldán.

Pedro Gómez Nieto, teniente que supuestamente dirigió la operación, ha negado cualquier intervención en esos hechos. Gómez Nieto fue jefe de los grupos Omega, de operaciones especiales, también llamados Patas negras, creados por Roldán y fue procesado por el juez Gómez de Liaño como autor de los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Sin embargo, la Audiencia Nacional anuló el procesamiento contra Gómez Nieto por considerar que la acusación contra él. se sustentaba en algunos de los documentos del Cesid que permanecen secretos, y sobre los que el Gobierno se ha negado su desclasificación.

Desglose

El caso Oñederra está pendiente de ser desglosado por el juez, debido a que investiga no menos de siete hechos delictivos diferentes. No obstante, en medios de la Audiencia Nacional se asegura que el contenido de ese sumario demuestra que la guerra sucia contra ETA y otras organizaciones terroristas como los Grapo se inició en 1983, pero no concluyó en 1987, con el atentado contra Juan Carlos García Goena, último de los reivindicados por los GAL. En estos medios se señala que las actividades delictivas desde el ministerio del Interior continuaron, aunque ya no bajo las siglas GAL.

En el caso Oñederra -declarado secreto para las partes desde hace meses- no hay procesados, si bien figuran como imputados -además de Corcuera, Vera y Roldán- los generales José Antonio Sáenz de Santamaría, Andrés Casinello y Enrique Rodríguez Galindo. También están imputados el coronel Juan Alberto Perote, el teniente Pedro Gómez Nieto, los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal y el abogado vinculado a Interior Jorge Argote.