El Tribunal de la UE obliga al Reino Unido a limitar la jornada laboral semanal a 48 horas

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió ayer una sentencia por la que considera legal la directiva del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que estableció una jornada laboral máxima de 48 horas a la semana. Los magistrados de Luxemburgo denegaron así la razón al Gobierno británico, que había recurrido la directiva, salvo en un aspecto: la prioridad del descanso en domingo. El primer ministro británico, John Major, respondió amenazando con impedir hasta junio los acuerdos de la Conferencia Intergubernamental que discute la reforma del Tratado de Maastricht. La amenaza dejó indiferente a Bruselas.

La directiva sobre "organización del tiempo de trabajo" estableció para todos los países comunitarios la jornada máxima de 48 horas semanales, el descanso diario de 11 horas y las vacaciones anuales de un mes (ver gráfico adjunto), entre otras medidas para proteger la salud y seguridad en el trabajo. Se apoyaba en el artículo 118-A del Tratado, sobre salud y seguridad laborales, que exige mayoría cualificada. En la votación, el ministro británico se abstuvo.El recurso de Londres se basaba sobre todo en que el Consejo había elegido como base jurídica un artículo equivocado, en vez del 100 (sobre las disposiciones que afecten al funcionamiento del mercado común), que exige unanimidad. Le acusaba de tomar medidas desproporcionadas y de abusar de su poder enmascarando una medida de política de empleo bajo la forma de una norma sobre salud. Apoyaron al Consejo en el procedimiento la Comisión, España y Bélgica.

lmpacto en la salud laboral

El Tribunal de Luxemburgo valida la directiva porque considera que medidas como la jornada máxima, vacaciones anuales y un trabajo nocturno reglamentado pueden tener "un impacto favorable sobre la seguridad y la salud de los trabajadores". Sólo anula el párrafo del artículo que establecía como prioritario el domingo para el descanso semanal, lo que se considera injustificado desde el punto de vista de la salud laboral. Y condena en costas al Reino Unido.

Londres se dispone ahora a combatir la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo con las mismas armas, no precisamente exitosas, que combatió el embargo de carne de vacuno británico, hace ocho meses. El primer ministro británico, John Major, advirtió ayer en la Cámara de los Comunes que bloqueará los acuerdos de la Conferencia Intergubemamental si los socios europeos no permiten al Reino Unido eludir la sentencia.

El Gobierno conservador en pleno, espoleado por los sectores euroescépticos ha cerrado filas en contra de la directiva. "Es un ejemplo de mala legislación", dijo ayer Major tras reiterar que Londres hará lo imposible porque sea retirada. "El Reino Unido necesita buenos empleos, no directivas inútiles", recalcó más tarde en el Parlamento. "Por eso, no podemos estar de acuerdo en que se mine así la competitividad de nuestro país".

La amenaza formulada por Major es más electoral que real toda vez que el Reino Unido tiene una cita con la urnas antes del mes de junio cuando está previsto que concluya la CIG en Amsterdam, y las perspectivas de un quinto mandato conservador son remotas.

La oposición laborista calificó de "artificial" la reacción a una sentencia que afectará sólo a una parte de los cuatro millones de ciudadanos británicos que superan la limitación laboral planteada por la Unión Europea. El líder laborista, Tony Blair, recordó al primer ministro el fiasco que supuso la guerra del vacuno y se permitió ironizar sobre el gancho electoral de esta nueva batalla que resumió con el lema, "Vote tory contra las vacaciones pagadas".

Competitividad

Ni siquiera los empresarios se han mostrado tan hostiles a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo como el Gobierno tory. Ayer, el líder de la Federación de la Industria Británica -organización que representa a la patronal- Adair Turner, urgió al Gobierno a que estudie cuidadosamente la directiva y utilice en su favor las muchas excepciones que presenta. Otros analistas minimizaron el impacto que la sentencia tendrá en la aludida competitividad de la industria británica, alegando qe se compite con buenos productos y no con explotación laboral.

La tesis sobre la que se apoya el Gobierno es que la decisión de fijar un máximo semanal de 48 horas laborales es una materia que debería quedar en sus manos de la misma manera que todo lo referente al Capítulo Social de Maastricht, no suscrito por Londres. El Tribunal de Luxemburgo, sin embargo, cataloga la longitud de la jornada de trabajo dentro del apartado de Salud y Seguridad.

El comisario de Asuntos Sociales, Pádraig Flynn, recordó a Major que "ha perdido el recurso" y por tanto "su obligación es trasponer inmediatamente la directiva". Su colega, el británico Leon Brittan, también aconsejó a Londres que aplique la directiva.