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El Poder Judicial abre diligencias informativas contra Gómez de Liaño

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abrió ayer diligencias informativas contra el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por las supuestas filtraciones a la prensa de aspectos del caso Lasa-Zabala, que instruye el magistrado.

La decisión de la Comisión Disciplinaria se produce como consecuencia de la denuncia presentada por el abogado Jorge Argote, procesado en el citado sumario y abogado defensor de varios de los otros procesados por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, entre los que destaca el general Enrique Rodríguez Galindo.Argote denunció que en la prensa estaban apareciendo noticias relativas al proceso que tramita Gómez de Liaño y argumentó que, como el sumario está declarado secreto, las supuestas filtraciones sólo podían proceder del juzgado o de la fiscalía. Fuentes del Consejo del Poder Judicial comentaron ayer que es lógica la apertura de diligencias informativas, ya que tras recibir la denuncia, la Comisión Disciplinaria sólo tenía dos posibilidades: archivar directamente el caso o abrir diligencias para recabar más información sobre el asunto.

El archivo directo se produce en todos los casos que la denuncia se refiere a cuestiones jurisdiccionales, es decir, de competencia directa de los jueces en el ejercicio de su cargo, y sobre las que el Consejo no tiene competencias. También se archivan directamente las de nuncias que de forma manifiesta no tienen fundamento alguno.

Liaño investiga

Se da la circunstancia de que el juez Gómez de Liaño ya abrió diligencias en su juzgado para detectar al autor de estas mismas filtraciones y ha tomado declaración a varios periodistas de distintos medios informativos de difusión nacional radicados en Madrid. Todos los informadores fueron preguntados por sus fuentes informativas, pero se acogieron al secreto profesional. No obstante, Argote se había quejado de que Gómez de Liaño investigase unos hechos que afectan a su juzgado. El letrado razona que si el sumario es secreto, la información del caso sólo ha podido proceder del juzgado o del fiscal.A partir de ahora, la Inspección del Consejo recabará datos sobre lo ocurrido y elevará un informe a la Comisión Disciplinaria en el que se puede proponer el archivo de las diligencias o la apertura de un expediente disciplinario contra el que resulte responsable de las filtraciones. La decisión será en todo caso de la Comisión Disciplinaria.

En el caso de que se acordase la incoación de un expediente, la tramitación correspondería al Consejo si afectase al juez, a la Fiscalía del Estado si afectase al fiscal, o al Ministerio de Justicia si se tratase de un funcionario.

Recientemente el Consejo archivó directamente una denuncia de Argote contra Gómez de Liaño en la que el letrado se quejaba de que el juez le había criticado su actuación aprovechando una resolución que dictó en el citado sumario. El Consejo estimó que el juez actuaba en el ejercicio de sus funciones. También fueron archivadas diligencias sobre filtraciones en el juzgado de Garzón sobre el caso GAL, si bien las manifestaciones del juez Miguel Moreiras sobre el caso Banesto le supusieron un expediente disciplinario y una sanción de un año de suspensión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de noviembre de 1996

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