El informe del ministerio público apoya los recursos de Iruin para que se desclasifiquen los 'papeles' del Cesid

El ministerio fiscal presentó ayer su informe a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el que apoya los recursos interpuestos por el abogado y ex senador de Herri Batasuna Iñigo Iruin, contra la, decisión del Gobierno de no desclasificar los papeles del Cesid. El fiscal general, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, se negó a confirmar ayer el sentido del informe anticipado por El Mundo, porque, según fuentes de la fiscalía, "estaba muy molesto con la filtración".

Fuentes de la fiscalía del Supremo precisaron que el informe del fiscal de la Sala Tercera, Rogelio Gómez Guillamón, es un informe de alegaciones dado que el ministerio fiscal no actúa como recurrente, y lo que hace en realidad es apoyar los dos recursos interpuestos por el abogado vinculado a HB, Iñigo Iruin, que representa a las madres de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y a los hermanos de la activista Lucía Urigoitia.

Ortiz Úrculo se negó durante toda la mañana de ayer a comparecer ante una veintena de informadores que le esperaron en la antesala de la Fiscalía. El informe de alegaciones presentado ayer por Rogelio Gómez Guillamón, que cuenta con el apoyo de Ortiz Úrculo, apoya la desclasificación por entender que la decisión del Gobierno del PP de mantener el secreto sobre los documentos genera indefensión y vulnera los derechos de los recurrentes.

El fiscal general no convocó en esta ocasión a la Junta de Fiscales, el organismo que dictaminó por unanimidad que no existían razones para cambiar el criterio de no llamar en calidad de imputado a Felipe González, criterio del que Úrculo se desmarcó en una nota oficial la misma tarde de las deliberaciones.

Por su parte, el Servicio Jurídico del Estado, en un informe de más de 70 folios presentado ayer, afirma que el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto aplicó adecuadamente la legislación sobre secretos oficiales, por lo que no pudo existir vulneración de derechos fundamentales.

La Abogacía del Estado sostiene que en este contencioso sólo se trata de analizar si la declaración de secreto para algunos documentos que habían solicitado los jueces supondría una vulneración de derechos fundamentales, algo que entienden no ha sucedido.

Tras la presentación de los informes, la Sala Tercera abrirá ahora un plazo de 20 días para practicar las pruebas documentales que le soliciten las partes si lo estima necesario. Finalizado el periodo de prueba, señalará la fecha para que el pleno inicie las deliberaciones, posiblemente en diciembre o enero.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, calificó de "muy correcta" la posición de la fiscalía en favor de que el Gobierno desclasifique los papeles del Cesid. En su comparecencia en el Congreso para presentar su informe anual, Álvarez de Miranda recordó que cuando se inició toda la polémica se había dirigido al fiscal general del Estado para proponerle el inicio de diligencias por si existiera algún indicio delictivo, y le mantuviera informado sobre sus actuaciones al respecto.

Álvarez de Miranda, cuyo estatuto le permite solicitar al Gobierno o al Cesid documentos reservados, no excluye esa posibilidad, aunque de momento y al estar sub iudice el asunto no piensa tomar ninguna iniciativa.