Atencion a las cajas.

EL SISTEMA financiero español vive desde hace años inmerso en un intenso proceso de adaptación a un entorno más abierto y competitivo que no ha dejado de transformar la propia configuración de sus principales entidades y la posición relativa de las mismas. Dentro de él, los bancos y las cajas de ahorro asisten a la reducción gradual de sus ventajas -muchas de ellas amparadas en la ausencia de una verdadera competencia-, que garantizaban la fácil generación de un excedente que remuneraba generosamente el capital invertido. La mayor cultura financiera de las empresas y familias españolas, el importante descenso de los tipos de interés y las perspectivas de integración monetaria auguran un futuro en el que los márgenes en el sector no volverán a los niveles de antaño. El sector está lejos, pues, de haber llegado al final de su proceso de transformación. Sobre esa base hay que contemplar algunos acontecimientos recientes: reticencias a transmitir con la suficiente celeridad -a los clientes las reducciones en los tipos de interés, inversiones con pretensiones de control sobre el capital de las empresas públicas en proceso de privatización o el desplazamiento hacia el sector de cajas de ahorro de grupos de interés cercanos al Partido Popular. Este último aspecto reviste una singular importancia en la medida en que, a lo largo de los últimos veinte años, estas entidades, además de conseguir casi una homologación operativa con los bancos, han logrado cuotas de negocio en algunas áreas de actividad que se equiparan con las de éstos. Con una fuerte implantación regional, las cajas mantienen una posición dominante en la financiación de las familias y pequeñas empresas, además de una significativa contribución a la financiación de las administraciones públicas.La particular configuración jurídica de las cajas -la ausencia de propietarios expresos, en parte sustituidos por la presencia en sus órganos rectores de representantes de las corporaciones locales, provinciales o regionales- se presta a su manipulación, es decir, a los intentos políticos de hacer de ellas vectores de influencia o de adecuación a determinados intereses particulares. Y ello a pesar de que hayan mantenido una trayectoria por lo general eficiente. El caso de Caja de Madrid-constituirá durante mucho tiempo una referencia de prácticas próximas al más rancio caciquismo. ¿0 no lo es que el propio presidente del Gobierno haga tabla rasa de compromisos previos y de la ejecutoria de su principal responsable para colocar en su presidencia a alguien que -siendo un buen gestor- tiene como principal característica Pública la de ser amigo suyo? Pero no es en modo alguno el -único exponente.

Algunos Gobiernos regionales no disimulan su interés en modificar aspectos legales que les permitan utilizar más libremente las ventajas asociadas a su control. Especialmente, las de influir en la asignación de los excede de las cajas. Se trataría de concretar y supervisar el destino de recursos que legalmente han de asignarse a actividades propias de la obra benéfico-social de esas instituciones. La posición excedentaria de liquidez y de recursos propios que mantienen esas entidades favorecería esa instrumentación.

Más allá de este tipo de actuaciones, la atipicidad de las relaciones entre propiedad y control que caracteriza a las cajas puede llegar a ser cuestionada, como ha ocurrido en otros países europeos, facilitando su traslación a la esfera privada, tal como algunos representantes del PP habrían defendido antes de las elecciones del 3 de marzo. En los próximos meses se verá si también en este ámbito el Gobierno del PP pretende ir más allá de lo que hoy debería constituir el objetivo fundamental de este sector: garantizar su estabilidad y contribuir a la definitiva configuración de un sistema financiero más competitivo y eficiente al servicio de los restantes agentes de la economía. Tratar de interferir con criterios-partidistas en decisiones estrictamente empresariales dentro de un sector tan sensible como el bancario puede generar costosas perturbaciones que acabarían pagando todos los españoles. El mínimo sentido de prudencia aconseja que las prioridades políticas se centren en aquellos ámbitos de nuestro sistema económico cuyo funcionamiento es todavía manifiestamente mejorable.