El subastero que arrebató el piso a un conserje le reclama ahora dos millones de pesetas

, José Sancho Esteller, el subastero que hace un par de semanas consiguió desalojar de su piso de Getafe (144.600 habitantes) al humilde conserje José Brenes y a su esposa, Eduarda Martínez, no se da por satisfecho. Pese a haber conseguido la titularidad de la vivienda, de 64 metros cuadrados, por sólo 295.000 pts, Sancho Esteller, pretende ahora que el matrimonio Brenes le proporciones dos millones de pesetas como compensación por el retraso acumulado en el proceso de desahucio. El subastero ya ha comunicado su petición al Tribunal Supremo.Brenes, de 56 , y Martínez, de 55, habían comprado su piso, en la Avenida de los Reyes Católicos, en 1981, mediante un contrato privado de compraventa. Pagaron hasta la última peseta. Sin embargo tardaron en escriturar la casa, el anterior propietario la hipotecó y la vivienda acabó en manos de Esteller por un precio ridículo.

El juzgado número 1 de Getafe materializó el desahucio, en medio de un impresionante despliegue de la Policía Nacional, el pasado 11 de octubre. Pero para el subastero todo esto no es suficiente: entiende que el proceso se ha demorado en demasía y que ha de ser indemnizado por ello.

A fin de paralizar la orden inicial de desalojo, José Brenes interpuso en 1991 un recurso ante la sala Segunda del Tribunal Supremo, que exigió para ello una fianza de dos millones de pesetas. Ésta es ahora la cantidad que ahora reclama José Sancho Esteller. Argumenta que la vivienda ya debía haber pasado a su nombre en aquellas fechas, y calcula que, a razón de 40.000 pesetas de alquiler mensual, esos dos millones le pertenecen.

Brenes se mostró ayer indignado y alicaído ante la nueva maniobra del subastero. "Ya no puedo más" exclamó. "Este hombre me ha quitado todo lo que tenía, me ha dejado en la calle y, encima, le da por pedir daños y perjuicios. Cualquier cosa que diga de él ahora sería poco". Su barrio, la Alhóndiga, se ha solidarizado con él hasta las últimas consecuencias: los vecinos, que en abril recaudaron 300.000 pesetas para ayudar a la familia, reclaman ahora una "humanización de la justicia"