Los italianos corruptos que confiesen su delito no irán a la cárcel, pero deberán devolver lo robado

"La justicia por sí sola no puede acabar con la corrupción", reza el único principio que a estas alturas dicen compartir en Italia los políticos, magistrados y abogados interesados los numerosos procesos de Manos Limpias realizados desde 1992, que han cambiado la fisonomía del país. El ministro de Justicia, Giovanni Maria Flick, asume ese planteamiento y anuncia un conjunto de medidas coherentes para salir de la situación. Destaca una, programada "para antes de finales de año": quien confiese, se librará de la cárcel, aunque deberá devolver lo robado y quedará inhabilitado.

No se habla de amnistía ni de ley de punto final para salir de la maraña procesal montada sobre Tangentópolis, la civilización de las comisiones ilegales, y de su secuela de guerras sin cuartel entre magistrados, entre éstos y políticos o entre magistrados y abogados. "Así se corre el riesgo de deslegitimarse recíprocamente, pero no se resuelven los problemas", dice Flick, en una entrevista concedida a La Repubblica en la que anuncia las reformas. "Habrá verdaderas con denas, con penas de interdicción y con resarcimiento del daño. Tan gentópofis no puede tener otra salida que la celebración completa de los procesos", añade el ministro.Pero es claro que para cualquier político, empresario o funcionario implicado en un asunto de este tipo la perspectiva de no tener que ir a la cárcel vale tanto como un indulto sustancioso. El ex líder socialista Bettino Craxi esgrime por estos días sus senos problemas de salud para poder volver a Italia, aunque sea bajo arresto domiciliario.

Evitar la cárcel preventiva fue también el primer punto de la reforma intentada por Silvio Berlusconi, y el gran escollo que comenzó a resquebrajar su alianza de Gobierno con la Liga Norte. Frente a esa misma roca, en el verano de 1994, zozobró la popularidad del primer ministro que se había impuesto en las elecciones sólo tres meses antes. Pero Berlusconi tenía una empresa bajo investigación, resultaba sospechoso de actuar en interés propio, y la norma que propuso era, además, específica, de modo que sólo los relacionados con la corrupción tuvieran el beneficio de librarse de la cárcel.

Flick es, en cambio, un abogado que ha defendido a muchos acusados de Tangentópolis, y la norma que propone es general. Técnicamente establece una ampliación del campo penal en el que es posible pactar la condena mediante un proceso abreviado, de modo que la reforma podrá ser aplicada a muchos tipos de delito. Pero lo más importante quizá sea que todo el contexto político cambiado y que el sistema judicial italiano está en peligro de hundirse en el caos,

El Presidente de la Cámara de los Diputados, Luciano Violante, ex magistrado de prestigio, criticado hasta hace poco por la derecha. como el alma julticialista de la izquierda, afirma hoy que es preciso terminar con "el cortocircuito entre magistrados que hacen su carrera en los periódicos y periodistas que hacen carrera con los procesos". Un fiscal importante de una. ciudad clave como Milán, Pier Camilo Davigo, afirma que, desde 1994 los jueces saben que el gran foco de la corrupción son los funcionarios que cometen una enorme cantidad de pequeños delitos, y pide ayuda a los políticos, la categoría más perseguida en un principio, para atajar ese mal por todos los medios

El ex fiscal y ministro de Obras Públicas Antonio di Pietro, convertido en portavoz de sus ex compañeros fiscales dentro del Gobierno, sostiene que los problemas no se resuelven criticando a la magistratura, sino definiendo nuevos delitos contra la Administración y nuevos controles para atajar una corrupción que, afirma, todavía es rampante.

Transparencia

El ministro Flick sigue poco a Di Pietro por esta vía. Dice que los controles son necesarios, pero que él defiende una transparencia de orientación no simplemente represiva, sino que "garantice, sobre todo, la eficacia de las administraciones". Flick afirma que los procesos contra la corrupción han provoca do un deterioro de los derechos del ciudadano en Italia. En su proyecto de reforma de la justicia, la supresión de la cárcel para los confesos se acompaña de una nueva reglamentación de ,las escuchas telefónicas que tutele al escuchado, de normas que potencien el papel de la defensa y ,regulen su derecho a investigar paralelamente a los fiscales, de una mayor distinción entre el magistrado que investiga y el que juzga, ya que en Italia no hay se paración de carreras, y de con troles permanentes sobre la capacitación técnica de los magistrados.Sus propuestas fueron generalmente bien acogidas ayer por políticos y abogados. ¿Y si los magistrados se oponen? "Paciencia", responde Flick a La Repubblica. "Yo tengo que responder, al Parlamento, no a las distintas categorías".