El PP pide la penalización de la corrupción de menores

El PP pretende reformar de inmediato el Código Penal y tipificar el delito de "corrupción de menores". A tal efecto el Grupo Popular presentó con fecha 24 de octubre en el Registro del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para su debate en Pleno. Fuentes del PP consultadas ayer por este periódico indicaron que la proposición se hará pública el próximo martes por medio de Andrés Ollero, María Bernarda Barrios y Jorge Trias.La proposición del Grupo Popular, firmada por su portavoz, Luis de Grandes Pascual, reza: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que se presente, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley Orgánica que modifique parcialmente el Título VIII del nuevo Código Penal en el sentido de que se tipifique el delito específico de corrupción de menores, ya que en su actual redacción sólo se castigan de forma individualizada los delitos relativos a la prostitución, así como que se penalice al que por cualquier medio vendiere, difundiere, exhibiere o facilitare la difusión, venta o exhibición de materiales pornográficos, cuando en ellos aparezcan menores, y que se reelabore, de acuerdo con el reproche social que produce, y la gravedad del delito, el sistema de penas que dicho Título VIII establece para las -conductas delictivas del mismo".

El Código Penal -aprobado por ley orgánica en noviembre de 1995 y en vigor desde mayo de 1996- hace posible, argumenta la proposición, que conductas delictivas, como la que regula el artículo 181, sólo será delito si se lleva a cabo con menores de 12 años, lo que no nos parece adecuado, puesto que también hay que proteger de estos ataques contra la libertad sexual a los menores de edad, sin distinción de una nueva categoría (menores de 12 áños), y que en la penalización del mismo no se tenga en cuenta para no penalizar el que haya mediado consentimiento, así como nos parece inadecuada la pena privativa de libertad que se aplica a dicha conducta delictiva y que es de 12 a 24 meses".

El Grupo Popular supone un olvido involuntario por parte del legislador" y pide en consecuencia remediarlo, "si no se quiere provocar alarma social y, sobre todo, dejar casi impunes conductas delictivas que deberían tener la máxima sanción penal del legislador de acuerdo con lo que es una conciencia social muy sensibilizada hacia este tipo de comportamientos que cada vez, desgraciadamente son más habituales en nuestro país".