La Sala Tercera del Supremo decidirá en diciembre si dos de los 'papeles del Cesid' son secretos de Estado

El abogado íñigo Iruin formalizó ayer en la Sala Tercera del Tribunal Supremo sendos recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo del Gobierno, del 2 de agosto, de no desclasificar los documentos del Cesid considerados como secretos y reclamados por los jueces que investigan los casos Lasa-Zabala y Lucía Urigoitia. La sentencia, prevista para diciembre próximo, afectará sólo a un documento de cada sumario, ya que, según el Consejo de Ministros, los demás no existen. Los recurrentes niegan que pueda considerarse "acto político", exento del control judicial, la ocultación de pruebas de tres asesinatos.En uno de los dos recursos se impugna que el Gobierno mantenga el secreto del documento que se refiere a la muerte de Lucía Urigoitia, en julio de 1987, por disparos de la Guardia Civil. El documento del Cesid que el Gobierno se negó a desclasificar mantiene que un capitán de los Servicios Especiales de la Guardia Civil manipuló pruebas judiciales, como fueron unos casquillos y el cañón de la pistola que empuñaba la presunta etarra, con el fin de demostrar al juez de San Sebastián que Urigoitia había utilizado su arma contra un agente antes de ser abatido por los disparos de éste.

El otro documento cuyo secreto se impugna es de 28 de septiembre de 1983 y procede de la Unidad Operativa del Cesid. Por medio, de él se advirtió al entonces jefe del Cesid, Emilio Alonso Manglano, del inminente inicio de atentados y secuestros en Francia por parte de mercenarios y miembros de la 513 Comandancia de la Guardia Civil. Los agentes se quejaban de que los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) iban a adelantarse a la estrategia del Cesid. En el documento figura una nota escrita a mano por Manglano que dice: "Me lo quedo. Pte. para el viernes".Doctrina jurídica

En las alegaciones de ambos recursos, Iruin combate la doctrina del "acto político" para mantener secretos documentos que se refieren a asesinatos investigados por los jueces. Invoca la doctrina del Supremo y del Constitucional, que mantienen la fiscalización plena, sin inmunidades del poder, de la actuación administrativa, así como la del profesor Eduardo García de Enterría. Entre otras alegaciones, señala que el acuerdo gubernamental vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ya utilizar lo s medios de prueba pertinentes para la defensa.

Una vez formalizados los recursos, de los que son ponentes respectivos los magistrados Gustavo Lescure y Enrique Cáncer, la sala dará un plazo común de ocho días al Ministerjo Fiscal y. al abogado del Estado. Concluido este periodo, la prueba se practicará en un plazo máximo de 20 días, por lo que, la sentencia es previsible que se produzca en diciembre. Está previsto un pleno de la sala para decidir sobre si la prueba exige examinar los documentos auténticos o basta el contenido de los mismos aportado por los jueces que los reclamaron al Gobierno.

Antes de elaborar los recursos, Iruin pidió a la sala el expediente administrativo que culminó con la decisión del Consejo de Ministros . La sala contestó que debía verlo en la secretaría, pero ante la insistencia del letrado, y con el informe favorable del fiscal y desfavorable del abogado del Estado, se acordó enviarle el expediente.En cuanto a las recusaciones sucesivas de los magistrados Pascual Sala y José María Ruiz-Jarabo, para que no participen en la resolución de los recursos por haber formado parte del. Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que denegó la entrega de los papeles del Cesid al juez Baltasar Garzón, ha sido designado Pedro Antonio Mateo para resolverlas.Recursos rápidos y lentos

La rapidez de la tramitación por el pleno de la Sala Tercera del Supremo de estos dos primeros recursos contra la no desclasificación de los papeles del Cesid se debe a la utilización de la ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Otros dos recursos contencioso administrativos ordinarios interpuestos por igual motivo por las acusaciones populares de los casos GAL y Lasa-Zabala han correspondido a la sección cuarta y, aunque su tramitación va más rápida de lo normal, pueden tardar en resolverse dos años. Aún no han sido formalizados los recursos y ha sido designado ponente el magistrado Juan García-Ramos Iturralde.