El Supremo rechaza la pretensión de Garzón de que el juez militar le entregue el 'caso Perote'

La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo acordó ayer rechazar la pretensión del juez Baltasar Garzón de instruir en exclusiva el caso Perote y dio la razón al juez togado militar Jesús Palomino, que se había negada a entregar al magistrado de la Audiencia Nacional el sumario abierto al ex jefe operativo del Cesid por esconder en su celda documentos secretos. La resolución del alto tribunal, al tiempo que mantiene la competencia del juez castrense sobre Perote, exhorta a los dos magistrados a que colaboren y se remitan los documentos que precisen para investigar los delitos que instruye cada uno.

Ésta es la tercera ocasión, en pocos meses, en que el juez Garzón ve rechazadas sus pretensiones frente a organismos jurisdiccionales o institucionales. Perdió el conflicto de competencias que entabló contra el juzgado de instrucción número 11 de Madrid para quedarse con los papeles de Laos; volvió a fracasar al plantearle un conflicto al ministro de Defensa para que éste le entregase, sin más, los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, y ahora ha visto rechazada su pretensión de que el juzgado militar se inhiba y le entregue el caso de los papeles de Perote.El acuerdo fue hecho público por el presidente en funciones de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, quien previamente llamó por teléfono a ambos jueces para comunicárselo.

La resolución, acordada por unanimidad por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, y los magistrados José Augusto de Vega y Luís Román Puerta, de la Sala de lo Criminal, y Javier Aparicio y Baltasar Rodríguez Santos, de la Sala de lo Militar, está siendo redactada y será firmada el lunes.

Colaboración mutua

La parte dispositiva del fallo viene a decir, en palabras del magistrado De Vega, que se acuerda "mantener la competencia del juzgada togado militar central número 1 para seguir conociendo del sumario 1/02/96, sin perjuicio de la necesaria colaboración que ha de haber entre distintos organismos jurisdiccionales en orden a la remisión, mutua y recíproca, de los oportunos testimonios o fotocopias que puedan tener virtualidad probatoria en cuanto a los delitos respectivamente investigados".De Vega indicó que la Sala de Conflictos no entrará, porque no es su misión, en si un juez debe entregarle a otro un determinado papel, y se limita a recordar a ambos la existencia de normas que regulan el auxilio judicial. Agregó no obstante que hay cauces reglamentarios para que si un magistrado cree que no ha recibido apoyo de otro pueda presentar una queja a través de su superior.

El conflicto se remonta a principios de año, cuando el juez de la Audiencia Nacional registró por dos veces consecutivas en el mismo día, el 8 de febrero, la celda de Perote en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), y se hizo con transcripciones de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA.

Perote estaba en prisión por orden del juez togado Jesús Palomino, que investigaba la presunta sustracción por el ex directivo del Cesid de 1.245 microfichas del servicio secreto. Al tener conocimiento del material incautado por Garzón en la celda del coronel, el juez militar abrió un segundo sumario contra Perote, por posesión de información secreta, y pidió al magistrado que le remitiese una copia de la documentación intervenida.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, con el respaldo del fiscal Pedro Rubira, se negó con el pretexto de que su sumario estaba declarado secreto. Argumento que no impidió que Garzón entregase parte de esos documentos, entre ellos la transcripción de supuestas conversaciones entre el hoy general Enrique Rodríguez Galindo y el teniente Pedro Gómez Nieto, al juez Javier Gómez de Liaño y al juez que investiga la muerte de la etarra Lucía Urigoitia.

Palomino denunció la falta de colaboración de Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial, pero no se quedó cruzado de brazos. Decidió registrar, también él, la celda de Perote, el pasado 27 de junio, y halló un nuevo lote de documentos. Con ellos en su poder, decretó el procesamiento del ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid.

Garzón no sólo mantuvo entonces su negativa a entregar a Palomino los papeles en su poder, sino que exigió al juez militar la entrega de los que éste había intervenido. La respuesta que recibió fue la misma que él había dado a Palomino.

El 12 de julio Garzón dirigió al juez militar una petición de inhibición, argumentando que los delitos que él investiga son mucho más graves y que la jurisdicción ordinaria es preferente sobre la militar. Palomino rechazó inhibirse y el asunto acabó en el Tribunal de Conflictos.

Para comunicar el acuerdo, De Vega ordenó abrir por primera vez a los medios informativos - cámaras de televisión incluidas- una sala de conferencias de prensa montada hace dos años y que nunca se había utilizado para esta función. De Vega prometió que en esta sala se dará a conocer, el día 4, el acuerdo sobre la comparecencia o no ante el Supremo del ex presidente Felipe González.