Los papeles de Perote, del Cesid al Supremo

Cuatro jueces instructores, dos salas del Tribunal Supremo y un periódico tienen en su poder copias o transcripciones de los llamados papeles del Cesid, el secreto peor guardado del espionaje español. También los han visto los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y se presume que los administra el ex banquero Mario Conde.Desde que en noviembre de 1991 salieron del centro de la mano un agente despechado, Juan Alberto Perote, en forma de microfichas, los papeles han seguido un tortuoso itinerario, hasta convertirse en materia de exclusiva periodística, escándalo político, prueba judicial y, en definitiva, leyenda. Es decir, relación de sucesos cuya veracidad está sujeta a controversia.

Tras cuatro años de existencia clandestina, los papeles del Cesid empezaron a aflorar en la primavera de 1995, al ritmo marcado por los problemas del ex presidente de Banesto con la Justicia. En abril del año pasado, el abogado Jesús Santaella, letrado de Conde y Perote, entregó al ex mide Interior José Barrionuevo el llamado documento del chantaje, una relación sucinta y escalofriante del supuesto contenido de los informes secretos.

El estallido del caso se produjo el 12 de junio, cuando El Mundo inició la publicación de los documentos. La primera entrega, sobre las escuchas del Cesid, provocó la caída del vicepresidente Narcís Serra, el ministro de Defensa Julián García Vargas y el director del servicio secreto Emilio Alonso Manglano.Ruptura de las negociaciones

Los escritos secretos sobre la guerra sucia no verían la luz hasta después del verano, tras romperse las conversaciones que mantenía el Gobierno con Santaella, recibido en La Moncloa por Felipe González el 23 de junio. La última reunión negociadora fue el 1 de septiembre: el día 5, Perote describió a Garzón el contenido de los papeles; el día 6, el ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea le entregó una copia de la llamada acta fundacional de los GAL, hallada como por, casualidad.

La presión de Garzón para conseguir que el Gobierno socialista le entregase los documentos le llevaría hasta el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que en su sentencia del 14 de diciembre reconoció al Consejo de Ministros la facultad para negárselos al juez. Cegada esa vía, los papeles acabarán llegando a manos del magistrado de la Audiencia Nacional de forma rocambolesca: incautándolos en el registro practicado en la celda de Perote el 8 de febrero de este ano.

Pero lo que Garzón se llevó de la prisión militar no fueron ni los documentos ni sus copias, sino sólo un insólito relato en el que se transcribía textualmente el contenido de los mismos, con su correspondiente numeración y claves de referencia.

Suficiente para que, tras las elecciones, Garzón volviera a la carga y pidiera al Consejo de Ministros, presidido ahora por Aznar, la entrega de los papeles. Pero ya no lo hizo solo, sino acompañado por el magistrado Gómez de Liaño, recien desembarcado en la Audiencia Nacional para investigar el caso Lasa-Zabala, y por el instructor del caso Urigoitia.La respuesta del Gobierno del PP, el 2 de agosto, fue la misma que dio su antecesor del PSOE el 12 de enero: que los documentos afectan a la seguridad del Estado y no se pueden desclasificar.Además, según el ministro de Defensa, Eduardo Serra, los papeles del servicio secreto, cuyos originales fueron destruidos por Perote antes de marcharse del Cesid, han sido posiblemente alterados y en todo caso engordados con anexos apócrifos, como las transcripciones de supuestas conversaciones entre el ex jefe del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), el general Enrique Rodríguez Galindo y el teniente Pedro Gómez Nieto.

El 27 de junio, el juez militar Jesús Palomino, cansado de esperar a que Garzón le entregase el material incautado en la celda de Perote, hizo su propio registro y se llevó de la prisión, además del relato novelado que ya tenía el magistrado de la Audiencia Nacional, varias copias de documentos secretos, incluido uno sobre la OTAN que intentó tragarse el coronel.Tras su larga y accidente peripecia, todos los papeles, menos sus transcripciones, presuntamente, auténticas y prsumiblemente falsas, han acabado en manos del Supremo.

Los que incautó Palomino la Sala de Conflictos. La mi que, tras examinarlos, reconoció ayer la competencia del juez mtar para instruir un caso Garzón le quería arrebatar.

Los que halló este último la Sala Tercera de lo Contenciso-Administrativo, que debe resolver antes de fin de año lo cursos interpuestos por las sanciones de los sumarios GAL contra la negativa del Gobierno a desclasificarlos.