Clamor belga

ALGO HA estallado súbitamente en Bélgica. Estábamos acostumbrados a una actitud entre escéptica y resignada, siempre modesta en la presentación de un país singular, apedazado de dos culturas bien diferenciadas entre sí, la francesa y la flamenca, que vienen divorciándose desde hace muchos años sin llegar nunca a mayores. Imperio africano un día, pequeño país de una gran revolución industrial sólo parangonable a la británica, Bélgica sufre una crisis de identidad, aparentemente estable. Pero de pronto un hecho siniestro de la crónica negra, el de un presunto violador y asesino de niñas, ha desencadenado la mayor pérdida de confianza en las instituciones públicas -desde la corona hasta la justicia, pasando por el Gobierno- que pueda producirse en una sociedad.El último avatar del suceso por el que se va a juzgar a Marc Dutroux, que ha llevado al paroxismo el sentimiento de una nacionalidad ofendida, ha sido la separación de la investigación judicial del magistrado principal porque había compartido recientemente manteles con una asociación contraria a la pedofilia. El razonamiento que ha conducido a esa decisión es impecable en la aplicación de la letra de la ley. Con su conducta, se dice, el juez ha demostrado albergar un prejuicio contra la pedofilia. Y, por ese motivo, no hay garantía de que vaya a ser imparcial en el juicio que se avecina. Sobre esa base, los magistrados que hayan reconocido públicamente su tendencia heterosexual no podrían juzgar a reos de cualquier otra inclinación íntima, y los que se hubieran comportado alguna vez de forma machista, a ninguna mujer acusada de lo que fuera.

Lo que está en juego, ciertamente, es si la aplicación de la norma ha de ser sólo una acerada abstracción o si ésta ha de tener en cuenta una realidad social, un sentimiento comunitario, un horror compartido. Haber asistido a una reunión antipedofila, si ésta, por añadidura, no es neonazi, xenófoba, racista o antidemocrática, difícilmente sería considerado por la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo occidental como un prejuicio.

Los pedófilos tienen el mismo derecho que los administradores de fincas o los periodistas a un juicio justo. Los jueces no pueden ser entes impávidos que obren como si nada exterior les atañera, aunque deben ser siempre cuidadosos para evitar que su conducta sirva como argumento precisamente para invalidar el juicio o para desencadenar linchamientos populares que pretenden hacer justicia antes de que se celebren los juicios. Y, de cualquier forma, para sanar la inquietud existencial de Bélgica hace falta justicia rápida, sin duda equilibrada, pero concluyente.