Se busca presidente para el 'caso GAL'

Cinco magistrados han presentado su candidatura a la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene sobre sí la inmediata tarea de juzgar el caso GAL, en el que está procesado el ex ministro José Barrionuevo y donde se juega su futuro político el ex presidente del Gobierno Felipe González. Para evitar suspicacias, la elección se aplazará a un pleno posterior al 4 de noviembre, fecha de la apelación en la que se decidirá si González es llamado o no a declarar. Cuatro de los candidatos son de la Sala Segunda y el quinto es el presidente de la Sala de lo Militar, José Jiménez Villarejo.La elección corresponde a los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y fuentes de este organismo y del Tribunal Supremo coinciden en que no hay nada decidido. Entre los siete, vocales propuestos por el PP y los siete del PSOE, pueden ser los propuestos por IU y las autonomías los que decanten el nombramiento. Por sectores ideológicos, los conservadores respaldarán en bloque al magistrado Luis Román Puerta, en tanto que el candidato de mayor peso entre los del sector progresista es el presidente de la Sala de lo Militar, Jiménez Villarejo. Entre uno y otro, y como candidatos para el consenso, se sitúan en una posición de centro Enrique Bacigalupo; José Augusto de Vega, al que se considera próximo al PSOE, y José Antonio Martín Pallín, del sector más progresista y cercano a IU.

LUIS ROMÁN PUERTA, de 62 años, cuenta con el respaldo del sector más conservador de la carrera y de los vocales afines al PP en el Consejo. Entre sus compañeros está considerado como un magistrado recto, buena persona, pero ideológicamente muyconservador y próximo al polémico ex presidente del CGPJ José Luis Manzanares, aunque sin las formas agrestes y montaraces de éste. Sus resoluciones adolecen de una técnica jurídica anticuada, pese a lo cual se le considera un magistrado aseado que, en general, no se retrasa en las ponencias. Aunque como instructor de la causa contra el ex vocal del CGPJ Pascual Estevill, tuvo paralizada la causa casi medio año. Ha tenido una trayectoria bastante anodina, en parte por su alergia al estrellato, aunque siempre se le asocia con la instrucción de la causa del asesinato de los marqueses de Urquijo.

En el Tribunal Supremo su asunto más estelar fue la instrucción del caso Naseiro, por la presunta financiación irregular del PP. El caso fue archivado por la nulidad en origen de las conversaciones telefónicas grabadas, pero fuentes del Supremo niegan tajantemente que pueda presentarse a Román Puerta como el artífice de dicho archivo. Su posición respecto a los socialistas la dejó clara al pronunciarse a favor del suplicatorio de Alfonso Guerra en el caso Filesa, votación en la que quedaron en minoría él y otros tres magistrados.

Como candidato único de la derecha cuenta con posibilidades reales de salir elegido, e incluso algunos aseguran que ya están pactados los sufragios para su nombramiento, aunque fuentes, de la Sala Segunda niegan que exista consenso de los magistrados en torno a su persona.

JOSÉ JIMÉNEZ VILLAREJO, de 67 años, presidente de la Sala de lo Militar del Supremo desde 1988, es el candidato que más consenso reúne en el sector progresista. Fue magistrado de la Sala Segunda y está considerado un excelente jurista a la par que un hombre de carácter que le llevó, por ejemplo, a dimitir como primer fiscal Antidroga cuando entendió que no se le daban los medios policiales adecuados. Retiró su candidatura en la anterior elección ante una información de Abc, que él calificó de "falsa e innoble", según la cual, el señalamiento por magistrados presuntamente afines a Villarejo del juicio contra el vocal Luis Pascual Estevill un día antes de la elección para la presidencia de la Sala fue buscado para privar a Estevill de participar.

Como presidente de la Sala de lo Militar intentó reparar judicialmente algunos episodios de la dictadura, como la sentencia del consejo de guerra a Julián Grimau, pero no consiguió el respaldo de un tribunal de fuerte extracción conservadora. Como presidente sería bien valorado entre los jueces de la Sala.

JOSÉ AUGUSTO DE VEGA, de 68 años, y actual presidente en funciones de la Sala Segunda, es el magistrado más veterano de la Sala y le corresponde la jubilación el próximo año. Sería pues, un presidente de transición, pero no cabe descartarle por ello, ya que el anterior titular, Fernando Cotta, accedió al cargo en idénticas circunstancias. La etapa de De Vega ha reducido notablemente la tensiones que generó en la Sala su anterior presidente.

Vocal del segundo Consejo del Poder Judicial, como magistrado ha destacado por la protección deparada a las víctimas de delitos sexuales y la severidad desplegada en su persecución.

ENRIQUE BACIGALUPO , de 58 años, argentino de origen, es el gran dogmático de la Sala Segunda y una de las mejores cabezas jurídicas del Tribunal Supremo. En los últimos años ha sido uno de los principales renovadores de la jurisprudencia penal y sería un presidente bien valorado por la abogacía y la cátedra.

A Bacigalupo se le asocia principalmente con la sentencia del Supremo en el caso de la colza, considerada una de las principales contribuciones a la moderna jurisprudencia penal. La sentencia de la Audiencia Nacional, construida exclusivamente sobre hechos probados y recibida a pedradas por los afectados, fue revestida por Bacigalupo del contenido jurídico que hizo posible cuadruplicar las penas a los responsables del envenenamiento.

Más recientemente se ha hecho cargo de la instrucción del caso Filesa, abandonada por el polémico Marino Barbero. Su decisión de reducir a sólo siete los 39 inculpados por Barbero, pendiente de recurso, se apoya sobre sus propios postulados sobre el delito de falsedad documental que ya ha sido acogido, como ponencia suya, en alguna sentencia de la Sala.

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN, de 60 años, es el candidato más conocido, el de mejor imagen a nivel popular y el más progresista. Como presidente gozaría de buena aceptación y sería el mejor catalizador entre las distintas tendencias, dado que mantiene buenas relaciones con todos.

En su dilatada biografía destaca como uno de los más representativos miembros de la desaparecida Justicia Democrática y como presidente de la Asociación Pro Derecho Humanos, cargo desde el que se ganó la desconfianza de algunos sectores del PSOE. En 1989 fue vetado para fiscal jefe de Madrid por el entonces titular de Interior, José Luis Corcuera. En 1993, el Ejecutivo socialista bloqueó su nombramiento como Defensor del Pueblo, cargo para el que fue aceptado incluso por el PP.

De su producción judicial destaca su especial preocupación por los temas medioambientales, en los que ha dictado alguna sentencia muy innovadora, y por los asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos. Fue uno de los artífices de la apertura por el Tribunal Supremo a la investigación del uso delictivo de fondos reservados.