El Tribunal Superior baja los humos a la incineradora de Valdemingómez

Los jueces han dado la razón al fiscal. La incineradora de Valdémingómez, que el Ayuntamiento de Madrid plantó en las afueras de la capital junto al municipio de Rivas-Vaciamadrid (20.977 habitantes)-, sólo podrá seguir funcionando si los técnicos designados por la fiscalía de Madrid acreditan que se cumplen todas las medidas necesarias encaminadas a evitar emisiones nocivas para la salud, según indica un auto del Tribunal Superior de Justicia. Así, los jueces dan una primera victoria al fiscal, crítico tenaz ante las posiciones municipales respecto al gran horno, y le dan la opción de nombrar a los peritos del caso.No obstante, se trata de un auto judicial; es decir, una resolución que no entra en el fondo del asunto -eso sería una sentencia- y que dirime cuestiones previas sobre el procedimiento o en evitación, por ejemplo, de daños a terceros.

Pero de esta manera los jueces resuelven a favor del recurso presentado por el ministerio fiscal contra la puesta en marcha real, el pasado 1 de diciembre, de la planta incineradora de basuras. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid firmó los permisos pese a que el fiscal insistió en el peligro de las chimeneas de Valdemingómez.

En el auto, los tres magistrados de la sala dan un mes de plazo para que los técnicos de la fiscalía estudien el caso y. saquen conclusiones. Si los informes no son favorables, la planta cerrará. advierte el tribunal.

Fuentes de la fiscalía explicaron ayer a este periódico: "Si el Ayuntamiento hubiera sido más razonable, nos habríamos evitado el recurso y ahorrado tiempo *y dinero. El tribunal reconoce que teníamos razón y que la planta está en condiciones de riesgo. Los grandes beneficiados de este auto son, por tanto, los vecinos de Valdemingómez de Rivas-Vaciamadrid y de Vallecas, que ahora saben que alguien vigilará por ellos". Estas fuentes afirman que los peritos que serán designados para controlar las emisiones procederán de las universidades. "Buscaremos los mejores", aseguran.

Los magistrados consideran que la incineración de los diversos residuos se muestra realmente peligrosa para el medio ambiente, la salud y la vida". El fiscal lleva defendiendo hace más de un año esos argumen tos. Los jueces añaden: "No consta que se haya hecho un estudio completo, no tanto sobre la incineración de los diversos desechos, sino sobre la peligrosa mezcla que tales desechos al quemarse pueden generar y hasta qué límite los filtros utilizados en la planta incineradora evitan efectivamente que los gases y productos tóxicos emanados contaminen peligrosamente el aire y las aguas subterráneas".

El Grupo Socialista de la Asamblea comparte esta tesis y añade: "Dice el gobierno municipal que para solucionar la emisión de dioxinas va a instalar un sistema de duchas de carbón activo, pero ignora que ese carbón activo, una vez que pasa por las corrientes de gases, se convierte en un residuo muy peligroso", explica Elena Vázquez, diputada socialista.

El tribunal ha tomado la iniciativa con su decisión: "En la medida en que el ministerio fiscal acredita la falta de controles, precisamente respecto de las reacciones químicas que los diversos residuos mezclados necesariamente producen, es por lo que procede la adopción de las medidas cautelares que solicita".

La fiscalía: "Si el alcalde no se hubiera empecinado, no habríamos perdido tiempo y dinero"

Los magistrados terminan su auto señalando que el funcionamiento de la planta "quedará en suspenso de ser negativos los informes", que deben ser presentados antes de un mes. "Y en el caso de peligro grave o inmediato, a la mayor rapidez", indican.

Esta resolución judicial apenas alteró al alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP: "Todo lo que sean informes técnicos me parece extraordinario", declaró. El regidor quitó importancia al hecho de que la medición de emisiones a la atmósfera sea algunas veces alta. (En un día de julio, las emisiones en prueba de furanos y dioxinas -partículas tóxicas consideradas cancerígenas- superaron en un 40% el límite máximo establecido por la Consejería de Medio Ambiente).

Fuentes de la fiscalía respondieron al alcalde ayer: "Si no se hubiera empecinado no habríamos perdido un año de tiempo y de dinero".

La incineradora de Valdemingómez ha costado 15.000 millones, que ha costeado la empresa Tirmadrid. Esta empresa -propiedad de Dragados- prevé obtener unos ingresos de 2.000 millones por la venta de la electricidad que producirá la incineración. Además, por cada tonelada que llegue a Valdemingómez, la empresa cobrará 1.700 pesetas al Ayuntamiento. En los hornos se quemarán 180.000 toneladas de basura al año, un 20% de la que produce la capital.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor, que rechazó hace seis meses un recurso de la fiscalía que pedía la suspensión de los permisos para arrancar el horno, se felicitaba ayer por el auto que corrige su decisión política. Los jueces han ratificado que no se pueden superar unos límites y que para eso el Ayuntamiento debe poner todos los medios. Nosotros no hemos dado el permiso definitivo, sino que dividimos en dos fases el funcionamiento de la incineradora: una puesta en marcha que acaba en diciembre y donde el Ayuntamiento tendrá que hacer ajustes, y una fase de pruebas, que acaba a mediados del año que viene, donde no se podrán superar unos límites máximos. Mi consejería no entra en cómo deben hacerse los controles, es cosa del Ayuntamiento".