La enigmática 'operación Meliá'
La adquisición con fondos públicos de la tercera fase del hotel Meliá de Alicante, construido en los anos sesenta sobre terrenos ganados al mar, se ha convertido en un escándalo político -inmobiliario que ha desembocado en tres investigaciones oficiales abiertas. En la operación Meliá, el puerto de Alicante invirtió 1.872 millones de pesetas. La transacción, planeada durante años, se, materializó al final del mandato socialista.
La coalición EU-IU fue la primera en levantar la voz de alarma tras detectar un cúmulo de irregularidades en la operación. La inexistencia de un informe de viabilidad de la compra y la indefinición del uso que se podría dar al inmueble fueron sus argumentos. A ello se sumó el convencimiento de que la transacción no respondió a intereses públicos y que se pagó por el inmueble una cantidad superior al valor real. Paradójicamente, aún no existe documento alguno que justifique esa compra.
Los auditores de la Intervención General del Estado han dado la razón a IU, y en un informe especial han revelado que la operación se llevó a cabo sin contar con las autorizaciones pertinentes y manteniendo en el engaño a los integrantes del Consejo de Administración del puerto de Alicante, que no fueron informados pese a la obligatoriedad de que este órgano aprobara la inversión. Además, el abogado local Rafael Beltrán fue contratado "de palabra" para gestionar la compra. Su minuta fue de 60 millones de pesetas, adjudicada sin concurso público a pesar de superar el límite de 25 millones que establecen las Normas Generales de Contratación.
Fallos
La inversión no fue revisada por departamentos superiores y los terrenos pagados no corresponden a sus dimensiones reales. Una medición de la propiedad adquirida ha desvelado que la superficie real no es la que figura en las escrituras de compraventa. El expediente indica que los bajos del edificio constan de 223 plazas de aparcamiento. No superan las 120.Pese a la celeridad que se imprimió a la compra, no se consiguió el propósito de adquirir la totalidad de la tercera fase del hotel. La semana pasada se supo que quedan dos apartamentos privados.
El precio del inmueble también levanta sospechas. Los registros confirman que se pagaron más de 975 millones por el aparcamiento del complejo. Por los 235 apartamentos se abonaron 866 millones. Es decir, 3.800 metros cuadrados de garaje resultaron más caros que el resto del edificio.
Tampoco está claro el papel del alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP. El ex presidente del puerto asegura que conoció la compra "desde el principio" y que, tras las elecciones, pidió que se agilizara temiendo que el nuevo gobierno la frenara.
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