Lo incomprensible

QUE EL PNV amenace al Gobierno con denunciarle ante el Tribunal de Estrasburgo por aplicar respecto a los presos de ETA una política que hasta hace no mucho defendía el propio PNV es algo difícil de entender. Pero resulta abiertamente incomprensible que lo haga en plena campaña del radicalismo violento por el reagrupamiento de los presos, y con un funcionario secuestrado, bajo ese pretexto, desde hace nueve meses. Fue Arzalluz quien declaró tras el secuestro que mientras Ortega Lara fuera retenido por sus captores "debería paralizarse cualquier iniciativa respecto a los "presos".No sorprende tanto que el partido de Garaikoetxea, que acaba de recordar que el enemigo no es ETA, sino "el nacionalismo español", apoye un planteamiento de frente nacionalista al respecto; pero supera lo esperable por los más pesimistas que Izquierda Unida se sume con entusiasmo a una estrategia que tiende a sustituir la línea divisoria entre los demócratas y los violentos por otra que separa a los nacionalistas -violentos o pacíficos- de quienes no lo son (incluyendo los votantes vascos de Izquierda Unida).

Muchos presos de ETA llevan más de 10 años oyendo que la inminente negociación de la alternativa KAS va a ponerles pronto en la calle, y existe el peligro de que pierdan la fe. A fin de evitarlo, ETA ha preferido siempre tenerlos concentrados en unas pocas cárceles para mantener su dependencia respecto al grupo e impedirles recobrar su individualidad: pensar por su cuenta. Todo un aparato externo de abogados, gestoras y visitadores refuerza ese control. Con la idea de romperlo se puso en marcha en 1989 la política de dispersión. El resultado fue que más de 40 presos se acogieron a las medidas de reinserción en un año. El PNV y todos los demás partidos democráticos apoyaron esa política, coherente por lo demás con el espíritu y la letra de la ley penitenciaria.

Es falso que dicha ley reconozca un supuesto derecho de los presos a cumplir sus penas cerca de sus hogares. El derecho es a la reinserción social, y la ley, así como el reglamento que la desarrolla, recomiendan diversas medidas tendentes a favorecerla. Una de ellas es que "se procure", "en la medida de lo posible", contar con plazas suficientes en las prisiones de cada comunidad para "evitar el desarraigo social" de los penados. Pero otra es la que determina que el tratamiento de los reclusos sea "individualizado", destinándolos "al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado". La dispersión fue en un momento dado una medida tendente a favorecer ese tratamiento individualizado que permitiera la reinserción.

Desde hace algún tiempo hay en Euskadi un acuerdo bastante amplio -no unánime- según el cual la dispersión, tal como se aplicó en 1989, ha dejado de ser eficaz como vía de reinserción y en cambio, tiene algunos efectos contra producentes. Por ejemplo, parece ser que la lejanía de algunas prisiones favorece las intenciones controladoras de los comisarios políticos, a través de la organización de largos y costosos viajes colectivos a prisiones muy alejadas del País Vasco. En función de ello, en junio pasado se anunció la intención por parte de la Administración de proceder a un acercamiento paulatino y selectivo de los reclusos a cárceles situadas en un radio no superior a 300 kilómetros de sus hogares. Se trataba de aplicar el principio de acercamiento sin que conllevara la concentración excesiva en unos pocos centros -en Euskadi hay tres cárceles-, y de hacerlo de acuerdo con la situación individual de cada penado.

Puede discutirse la diligencia en su aplicación, pero los criterios parecen sensatos. No se entiende, por ello, la radicalidad de los pronunciamientos de algunos partidos en las últimas semanas ("insulto a los vascos"); pero aún se entiende menos la descalificación sin matices de la política penitenciaria del Gobierno, incluyendo una insidiosa exigencia de que "se respeten los derechos humanos elementales de los presos vascos", y hasta la amenaza de remitir el caso a los tribunales internacionales, aprobada el jueves, por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. A no ser que de lo que se trate sea precisamente de contraponer la legitimidad del Parlamento vasco a la del Gobierno español, pese a reconocerse que la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior.

Es cierto que resulta insólito ver la firma de HB al pie de un texto que es el resultado de un debate en un Parlamento cuya legitimidad no reconoce. Pero es dudoso que sea un éxito sumar al consenso a HB al precio de impedir el que se estaba forjando con partidos como PP y PSOE, que representan al 42% del electorado vasco.