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La emigración como cooperación civilizada

Desde hace más de una década, la cuestión de la emigración divide a la opinión pública y a los partidos políticos, y, pesa sobre las decisiones de los Gobiernos europeos. No sólo porque los trabajadores emigrantes exigen el reconocimiento de los mínimos derechos humanos, incluido, como acertadamente dice el profesor Javier de Lucas, el derecho a ser reconocidos como "minoría", ni porque los países europeos se enfrenten a una grave crisis de empleo, sino porque las migraciones son cada vez más importantes. De hecho, la emigración actual es un fenómeno sin equivalente en la historia del siglo XX. Y los Gobiernos parecen tan incapaces como impotentes ante sus efectos. Ni la izquierda ni la derecha, ni el liberalismo ni el antiliberalismo, proponen soluciones satisfactorias. Y la extrema derecha xenófoba, racista y fascistoide, se sirve de ella para azuzar los miedos, las frustraciones y el odio de la opinión pública.En lo que se refiere a la gestión de los flujos migratorios, unos preconizan una política de restricción draconiana de los flujos migratorios y la promulgación de legislaciones que no sólo tienen por objetivo reducir los nuevos flujos, sino también desestabilizar a los emigrantes legalmente instalados (las leyes Pasqua en Francia son la expresión consumada de esta visión), y otros abogan por la apertura de las fronteras y la liberalización de los flujos migratorios. La primera actitud corresponde, mutatis mutandis, al espíritu de los acuerdos europeos de Schengen; la segunda, que apenas empieza a hacerse oír, es apoyada tanto por militantes escandalizados por la miseria del mundo, como por los partidarios de un liberalismo integral respecto a la circulación de capitales y personas.

Al fingir creer que se pueden bloquear los flujos migratorios mediante simples medidas policiales, la primera actitud elude la significación histórica real de las migraciones. Desde 1975 la experiencia del conjunto de países europeos demuestra la extrema dificultad de una estrategia de contención estrictamente policial de estos flujos (cuando no transforma a los emigrantes en chivos expiatorios). En cuanto a la segunda actitud, merece ser discutida en profundidad. Entraña dos vertientes: por un lado, el respeto sagrado a la libertad de movimiento de la gente, y por otro, la coherencia con la filosofía económica ultraliberal que prevalece hoy día. Debemos al escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa el haber resumido esta postura de forma tan hábil como provocativa. Su artículo Los inmigrantes (EL PAÍS, 25 de agosto de 1996) es beneficioso no sólo porque procede de un autor que hasta entonces se había distinguido más por la defensa de los banqueros que de los pobres de la Tierra,sino porque proporciona una repercusión excepcional a unas tesis hoy poco en boga. Vargas Llosa recuerda unas cuantas verdades sencillas: que la búsqueda de una vida mejor es un derecho natural del hombre; que la emigración está relacionada con la circulación de mercancías; que los emigrantes crean trabajo en vez de quitarlo; que las políticas represivas contra la emigración socavan el Estado de derecho en los países de acogida al favorecer el aumento del racismo; que acoger a los emigrantes equivale, en cierta forma, a proporcionar la mejor ayuda posible a los países de origen. Estas tesis llevan a Vargas Llosa a propugnar la apertura de fronteras. No hace falta decir que, en medio del actual coro de recriminaciones contra los emigrantes, una toma de posición tan valiente merece el mayor respeto. Pero conviene preguntarse sobre su viabilidad.

Al desarrollar esta posición, Vargas Llosa es rigurosamente coherente con la defensa del liberalismo económico, del que es uno de sus representantes más radicales. El emigrante es aquí considerado como una mercancía más, con el derecho a presentarse en cualquier parte del mercado mundial de la oferta y la demanda. En el mercado no debe mantenerse ningún privilegio en virtud del origen, la condición social o la nacionalidad: los trabajadores se definen por la oferta de su fuerza laboral y los patronos por su poder adquisitivo sobre esta fuerza. La ventaja comparativa de los países del Sur radica en la oferta de mano de obra, mientras que la de los países ricos, en la disposición de capital. Como subraya Vargas Llosa, son los países compradores de mano de obra quienes sacan mayor provecho de esta situación.

Sin embargo, es precisamente por esta razón por la que no podemos aceptar la postura de Vargas Llosa. La apertura total de las fronteras hoy no es buena ni para los países ricos ni para los países pobres. Es cierto que la postura de los países ricos de cerrar las fronteras no está dictada por la solidaridad con los países pobres, sino por imperativo de un mercado laboral saturado, pero el hecho es que, más allá de esta situación coyuntural, los flujos migratorios son, de entrada y siempre, una pérdida ante todo para los países de origen, pues el sistema que ha alimentado y educado a los futuros emigrantes no saca provecho de esta inversión. Más aún, la composición sociológica de la emigración tiende hoy a transformarse. Ya no son sólo los rurales desruralizados quienes emigran, sino también, y cada vez más, diplomados y sectores enteros de capas medias de los países del Sur. En Francia, en Inglaterra, en Italia y en Alemania, miles de estudiantes becados por sus Gobiernos permanecen en el país de acogida una vez concluidos sus estudios. Y estos países, tan rigurosos a la hora de conceder el asilo a los trabajadores sin cualificación, no suelen dudar en abrir sus puertas a los buenos emigrantes cualificados. Es fundamentalmente en este área en la que la ley de la oferta y de la demanda en materia de emigración actúa en contra de los países pobres. Hay que añadir que la inmigración ilegal, o incluso temporal, es utilizada, contrariamente a lo que dice Vargas Llosa, no sólo para hacer trabajos que los autóctonos no quieren realizar, sino también porque los autóctonos no quieren hacer estos trabajos al precio que les proponen los empresarios. Esto significa que los inmigrantes están a la vez mal pagados (fijense si no en los marroquíes que trabajan bajo el plástico de los productores agroalimentarios en Almería) y son utilizados para hacer bajar el coste de la mano de obra. La situación es, por tanto, doblemente nefasta: para los emigrantes y para los asalariados de los países de acogida. El verdadero drama es que los emigrantes nunca han sido contemplados como una fuente de crecimiento de la población (lo que en realidad son), sino sólo como una mercancía expuesta a los vaivenes del mercado. Ésta es la razón por la que los nuevos flujos son anárquicos y están igualmente expuestos a la anarquía de las políticas nacionales. Ninguno de los 15 países europeos sigue la misma política que su vecino. Sin embargo, hoy la emigración no obedece ya a las viejas reglas de antaño: ya no es sólo laboral, sino que tiende a convertirse en familiar y de instalación definitiva. Se trata de un

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auténtico desplazamiento de poblaciones ligado a la mundialización del liberalismo.

Ha llegado la hora de abandonar los esquemas simplistas y la indignación moral para hacer frente a esta situación. Por un lado, los países ricos deberían ponerse de acuerdo para tener una política común respecto a los flujos migratorios, elaborada en el marco de una visión global que tome en cuenta tanto los intereses de los países de acogida como los de los emigrantes y los de sus países de origen. La emigración debería convertirse así en una ocasión histórica para favorecer un verdadero codesarrollo entre los países implicados. Para ello, debería ser organizada, racionalizada y aceptada como un hecho ineludible. Los países de acogida deberían realizar una vasta campaña de información sobre el significado de los flujos migratorios; garantizar la estabilidad de los inmigrantes legales; regularizar la situación de aquellos que tienen expresamente derecho a ello; organizar políticas de acogida en las fronteras dentro de los límites disponibles de un mercado laboral transparente; por último, luchar contra quienes contratan a clandestinos. Posteriormente, deberían fomentar la emigración temporal de trabajadores y directivos contratados por periodos concretos en el país de acogida y cuyo salario debería ser pagado en parte por el país de partida; deberían contribuir a la creación de estructuras para facilitar las transferencias de fondos hacia el país de origen con el fin de favorecer su desarrollo. A título de ejemplo: en 1993 los emigrantes marroquíes en Europa habían transferido el equivalente a 175.000 millones de pesetas, lo que representa el 23% de los ingresos corrientes de Marruecos, suma dos veces mayor que los ingresos del país en turismo o en fosfatos ese año. En los años ochenta, estas transferencias ya habían cubierto entre el 20% y el 40% de las importaciones totales de Marruecos -según una encuesta realizada por el IEREM (Instituto de Estudios e Investigación Europa Mediterráneo) encargada por la Dirección General I de la Comisión, de la UE en 1994- ¡Imaginemos lo que un banco dedicado a la inversión en el país de origen habría podido hacer a favor de la creación de empresas y de empleo, al orientar estos fondos hacia inversiones productivas! Sólo una política hondamente meditada de los poderes públicos puede hoy hacer frente a este reto. Porque el mercado no obedece a los intereses de la sociedad, sino al incremento de los beneficios.

Mario Vargas Llosa tiene razón: la emigración es una bendición. Pero tiene que serlo para todos. Así y sólo así, al escapar del círculo vicioso de la represión policial y del liberalismo a ultranza, la emigración puede convertirse en una forma moderna y civilizada de cooperación entre países pobres y ricos.

Sami Naïr es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París VII.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 03 de octubre de 1996.

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