Un juez lleva a Victorino Alonso ante el fiscal anticorrupción por delito fiscal

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de León, Ireneo García Brugos, ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción una relación de presuntos delitos fiscales del empresario minero leonés Victorino Alonso, con quien este juez mantiene un contencioso desde hace dos años. El juez considera que las declaraciones del impuesto sobre la renta del empresario no se corresponden con su elevado patrimonio.

El magistrado da a conocer a la Fiscalía Anticorrupción que Victorino Alonso, considerado el mayor empresario minero del país, presentó las declaraciones de IRPF desde 1990 a 1994, por un importe total de ingresos declarados de poco más de 18 millones de pesetas, dando como resultado unas cuotas diferenciales a devolver en cuatro de los cinco ejercicios, según la Agencia Tributaria, cuando la policía judicial cifra su patrimonio societario en unos 20.000 millones de pesetas.El juez expone que la Agencia Tributaría asegura que el empresario "jamás ha presentado declaración de impuesto de patrimonio" y que "ha sido incapaz, de momento, de poder contestar" al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la titularidad de las acciones de la gran mayoría de las 42 sociedades que componen el denominado grupo de empresas de Victorino Alonso. García Brugos matiza en su escrito que Alonso, declarado "insolvente oficial", posee una importante fortuna económica.

El documento enviado al fiscal anticorrupción, fechado el pasado día 18 de junio, aún no ha tenido ningún tipo de contestación. Victorino Alonso, que hace meses se declaraba propietario sólo de una motocicleta, interpuso hace dos años una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el juez García Brugos, por prevaricación, proposición al cohecho, negocios prohibidos a funcionarios, coacciones y amenazas, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos.

Ayer, se conoció que el Tribunal de Burgos, después de dos años de diligencias, ha archivado esta querella criminal formulada por el empresario minero contra el juez García Brugos, a excepción de la imputación de coacciones y amenazas; parte que ha sido remitida al fiscal para practicar la fase procesal posterior de acusación o sobreseimiento. Por su parte, Alonso entiende que el auto inicia un proceso penal contra el juez por coacciones y amenazas. A causa de esta querella, el juez García Brugos fue suspendido cautelarmente de empleo desde el 15 de octubre de 1995.

Responsabilidades

Fuentes del grupo Alonso señalaron ayer que el auto del tribunal de Burgos será apelado en las próximas horas. El juez García Brugos interpondrá una querella por calumnias contra Alonso para "depurar responsabilidades en que ha incurrido el empresario, al haber realizado las imputaciones en la querella que ahora se archiva, con la única finalidad de que un juez se abstuviera del conocimiento de los procedimientos que llevaba en su juzgado en 1994 contra el empresario".