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Los sindicatos participan en el congreso eclesiástico de la pobreza

Maastrich está castigando a los más débiles, dicen los obispos

Gabriela Cañas

La Conferencia Episcopal Española lleva meses preparando el Congreso Nacional de la Pobreza que empieza hoy en Madrid. Entre los invitados a participar están las tres principales centrales sindicales -CC OO, UGT y USO-, que han confirmado su asistencia. Los encargados de presentar ayer este congreso estuvieron de acuerdo en afirmar que, de momento, los criterios de convergencia de Maastrich están castigando en España y en el resto de Europa a las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Los dos políticos más relevantes del PP que habían sido invitados a las jornadas de la Conferencia Episcopal han excusado, sin embargo, su asistencia. Se trata del alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano y de la secretaria general de Asuntos Sociales Amalia Gómez.La participación de las administraciones en este congreso va a ser tan pobre como lo es la colaboración de las instituciones públicas en las actividades caritativas que realiza la iglesia y sus instituciones afines, como Cáritas, Confer (Conferencia Española de Religiosos) o las Asociaciones Vicencianas. Según datos recabados ahora por la iglesia española, sólo en el 10% de sus acciones sociales cuenta con la contribución de una administración pública; casi siempre la de un Ayuntamiento o una comunidad autónoma. Pocas veces la del Estado central.

"Este dato tiene dos lecturas", explicó Pablo Martín, secretario general de Cáritas. "Por un lado, la acción de la iglesia está tan extendida que la Administración le dota de recursos y deposita en ella la confianza de la labor social. La otra lectura es más negativa y es la que se deriva del hecho de que la extensión de los servicios sociales en España es aún insuficiente y está por debajo de la media de los países europeos de nuestro entorno".

Según datos de Cáritas, en España sigue habiendo ocho millones de pobres, si bien el número de pobres severos (rentas personales disponibles inferiores al 25% de la media) ha quedado reducido de los 4 millones que había en 1984 a 1,5 millones. Ha aumentado el número de pobres relativos de 4 millones a 6,5.

Pero para la iglesia, como para otras muchas instituciones sociales, la pobreza no es sólo un problema de rentas, sino, en general, de exclusión social. Y en este contexto, la Conferencia Episcopal destacaba ayer que, si bien es una buena noticia la disminución de la pobreza severa, es un hecho que en el mundo desarrollado aumenta la exclusión social y se impone el trabajo temporal frente al fijo. "Es verdad que es mejor tener un puesto de trabajo temporal que estar en el paro", dijo ayer el obispo de Vic José María Guix, "pero el trabajo temporal obliga a la gente a vivir con angustia. Hay que luchar por la consolidación de los puestos de trabajo. Mientras no haya una política que fomente el trabajo, no se mejorará".

En este asunto se espera la intervención activa de los sindicatos en el congreso nacional que comienza hoy y termina el sábado. Porque en estas cuestiones, iglesia y sindicatos tienen puntos de vista coincidentes. "La parte más débil del Tratado de Maastrich es su dimensión social frente a su dimensión económica", dice José María Ibáñez, de las Asociaciones Vivencianas. "En todos los países estamos viendo que las capas más desfavorecidas de la sociedad están sufriendo las consecuencias".

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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