Culpables e inocentes

LA CONFEDERACIÓN Sindical Independiente de Funcionarios de Prisiones y CC OO han aceptado entrevistarse con HB, a propuesta de este partido, para debatir la situación de los presos de ETA. Es evidente que se trata de un chantaje montado sobre la figura de Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado hace ocho meses. El temor a que cualquier gesto que desagrade a ETA pueda ser empleado por los terroristas como pretexto para asesinar a su rehén ha influido sin duda en la aceptación del diálogo por parte de las centrales. Desde esa consideración humanitaria, se comprende su decisión, incluso si hay motivos para pensar que se trata de una maniobra propagandística de los amigos de ETA.Los sindicalistas deberán en todo caso dejar claro ante sus interlocutores que el paralelismo que pretenden entre la situación de los presos y la de Ortega Lara es imposible. Los 500 presos de ETA están en la cárcel por haber asesinado al menos otras tantas personas en los últimos 15 años. Mientras que Ortega Lara no es culpable de nada ni tiene ninguna deuda que saldar. El mundo de ETA y HB lo sabe perfectamente, pero no considera que ser o no ser culpable sea una diferencia relevante: en la conversación difundida hace algunos años entre el abogado de HB Txemi Gorostiza y el etarra De Juana Chaos, en la que el primero insinuaba la conveniencia de atentar contra funcionarios de prisiones, el letrado reconocía que el último funcionario hasta entonces asesinado (Ángel Mota, empleado de la cárcel de Martutene) "era un tío bien, afiliado a ELA", lo que no había impedido que el efecto del crimen fuera "resquebrajar el estamento".

Simultáneamente, el PNV ha amenazado con denunciar al Gobierno ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no aplicar con la suficiente diligencia la política de acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. El argumento es que el Gobierno incumple lo ordenado por la ley respecto a la reinserción de los reclusos. Sin embargo, la ley penitenciaria y el reglamento que la desarrolla se limitan a recomendar que "en la medida de lo posible" se procure contar con establecimientos penitenciarios suficientes en todas las regiones para evitar "el desarraigo social de los penados". Una resolución del Parlamento Europeo aprobada este año abundaba en esa misma recomendación "por consideraciones humanitarias y de rehabilitación social". El problema es que concentrar a los 500 en las tres cárceles del País Vasco supondría favorecer su control por parte de la dirección terrorista, anulando las posibilidades de reinserción individual. De hecho, fue este argumento el que en 1989 hizo que el PNV apoyase la política de dispersión impulsada por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica.

Mayor Oreja ha explicado que trata de compaginar el principio de acercamiento, por razones humanitarias, con la decisión de evitar ese férreo control. El pasado día 5, sin embargo, el secretario general de EA declaraba que la política del actual ministro del Interior respecto a los presos de ETA constituía "un insulto a los vascos". Y ahora el PNV amenaza con llevarle ante el Tribunal de Estrasburgo. Podría parecer absurdo, pero a la vista de la situación actual de Euskadi resulta más bien trágico.