Prioridad de la pacificación

Resultan enojosamente interminables los dimes y diretes que enfrentan entre sí a los componentes de la llamada Mesa de Ajuria Enea, encargada de promover y conseguir -hasta ahora, en vano- la pacificación y la normalización de Vasconia. Como el enfrentamiento es meramente dialéctico, no agrava por sí mismo la alteración del orden público, pero impide el acuerdo entre las fuerzas políticas, cuyos dirigentes, sentados en torno a la susodicha Mesa, han asumido tan noble y meritorio como, todavía, incumplido encargo; y, al impedir tal acuerdo, resta muchísima eficacia a la tarea -ya de por sí nada fácil- de restablecer ese orden público, tan frecuentemente alterado por las acciones de ETA y las de sus cómplices y encubridores, los demás órganos del disparatadamente autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).Las discrepancias entre los partidos democráticos, que son los representantes en la Mesa, tras haber versado en épocas anteriores acercade otros asuntos, están girando últimamente, sobre todo, en torno a si es o no procedente dar cauce legal a la posibilidad de que los vascos sean convocados algún día para pronunciarse, en referéndum, a favor o en contra de la instauración de un Estado propio, independiente y distinto del Reino de España y de la República Francesa. De eso es de lo que se trata, hablando en plata, aunque a menudo se exprese eso mismo con circunloquios más o menos complicados.

Bien sabido es que, según la opinión más general y autorizada, la celebración de semejante referéndum violaría las normas actualmente vigentes de la Constitución española (y también las de la francesa; pero, en lo que a Francia se refiere, el problema se plantea, de momento, en un plano meramente teórico). Ahora bien: si hubiera voluntad y capacidad política de convocarlo, de hecho podría tener lugar, ya que, suprimido por las Cortes hace unos años el recurso previo de inconstitucionalidad, la votación se efectuaría bastante antes de que el Tribunal Constitucional hubiese tenido tiempo para invalidar la convocatoria. La cuestión no reside, pues, en si procede o no enmendar la Constitución, sino en si procede o no convocar el referéndum.

Supongamos -y ya es suponer- que el jefe del Gobierno que se decida a hacerlo tenga (pues si no los tiene, no lo podrá hacer) el gancho personal y la fuerza de persuasión que tuvo De Gaulle para hacer tragar a sus partidarios y a otros muchos franceses la independencia de Argelia, o que tuvo González para hacer tragar a los suyos y a otros españoles el anclaje en la Alianza Atlántica, siendo así que ambos subieron al poder para hacer justamente lo contrario. Supuesto lo cual, hoy por hoy y en un futuro previsible, la inmensa mayoría de los navarros se opondría a su inclusión en el referéndum; y si los navarros no fueran convocados, lo boicotearían ETA y su mundo (incluso cabría que lo boicoteasen también si no fuesen convocados los vascos de Francia -cosa imposible-, pues todos los pretextos son buenos, y más si revisten la apariencia de grandes principios). Pero es que, aun cuando se limitase el campo referendario a la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde el separatismo es más fuerte que en Navarra, lo más verosímil es que el sector democrático del nacionalismo vasco buscaría -y encontraría- todos los argumentos imaginables para retrasarlo o para hacerlo inoperante (por ejemplo, dando la consigna de no ir a votar) hasta tener la seguridad. de que iba a triunfar la tesis secesionista: seguridad que le falta hoy por hoy y que le faltará también, no sé si siempre, pero sí en un futuro previsible.

¿Y cómo resolver el gravísimo problema que se plantearía -fuera cual fuese el resultado en términos de votos individuales- si la mayoría resultase contraria a la secesión en Alava o en Navarra, y favorable a ella en Vizcaya y en Guipúzcoa?

La convocatoria y la celebración del referéndum no dejarían, como se ve, de suministrar al MLNV pretexto para proseguir su acción violenta. Lo mismo que no dejaría de suministrárselos una enmienda constitucional que legalizase el referéndum, si la convocatoria de éste se demorase luego a consecuencia de las dificultades arriba enumeradas.

Creo, por todo eso, que el camino que conduce a la pacificación y la normalización de Vasconia no podrá pasar por el reconocimiento del derecho a una secesión democrática mente decidida, sino al contra rio: el. reconocimiento de este derecho sólo puede ser fruto de una evolución que pase por la previa pacificación y normalización, ante todo porque no es posible hablar del ejercicio libre de un derecho bajo la amenaza de la violencia. Tan to una separación (por ejemplo, las de las Repúblicas Checa y Eslovaca) como una unión (por ejemplo, la de las Alemanias Oriental, y Occidental), sólo pueden realizarse en la Europa de nuestros días a partir de una situación de paz y normalidad. Allí donde -como en los Balcanes- hablan primero las armas hay que esperar a que éstas callen para introducir grandes cambios que sean fecundos y estables. La tesis del MLNV de que la actual situación ha sido impuesta por quienes ganaron la guerra civil española hace casi 60 años es absolutamente delirante y equivale a pretender que el general Franco es el autor de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de 1979.

La transición española a una democracia pacífica y normalizada no quedó consumada con la subida al poder de la izquierda en 1982, ni lo que ha quedado con el regreso a él de la derecha en 1996. Para completarla falta que desaparezca la violencia etarra. En las actuales circunstancias, poniendo sobre el tapete el ejercicio de la llamada "autodeterminación" (que -como todo derecho- tiene sus límites, y que ETA y su mundo no reclaman, sino exigen, pegando tiros y haciendo otras barbaridades) se crean más problemas que los que se trata de resolver y, con ellos, nuevos pretextos para que la violencia continúe prolongándose para daño de España y, muy especial, de esa Vasconia que los violentos pretenden "liberar" a sangre y fuego.José Miguel de Azaola es escritor.