Ruíz-Gallardón quiere que el Estatuto permita dar un sueldo a los diputados

El Partido Popular pretende abordar en la presente legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid, aprobado en 1983, para adecuar el funcionamiento del Parlamento regional a las nuevas competencias que asumirá en breve la Comunidad (educación no universitaria y sanidad). La reforma pretende sustituir el vigente sistema de dietas por el de retribuciones fijas, según indicaron a este periódico fuentes próximas al presidente regional. Los diputados cobran actualmente 36.500 pesetas por pleno y 10.500 pesetas por comisión, pero no tienen sueldo fijo.El cambio que proyecta Ruiz-Gallardón permitirá a los parlamentarios una dedicación exclusiva a sus tareas políticas. En la actualidad, muchos diputados madrileños se ven obligados a compatibilizar su trabajo privado con el parlamentario.

Cuando se creó la Comunidad de Madrid, en 1983, apenas tenía competencias y escaseaba el trabajo de los diputados. Hoy la región ha multiplicado por diez su presupuesto, ha asumido nuevas competencias en servicios sociales, empleo, educación, y está pendiente de gestionar la enseñanza no universitaria a partir del 1 de enero próximo.

Ruiz-Gallardón pretende sacar adelante su propuesta de modificación del Estatuto por consenso. El mismo consenso que existía hace algunos meses entre los portavoces de PP, IU y PSOE para modificar el sistema de dietas, pero que el presidente regional tiró a la papelera con unas declaraciones en Leganés, donde rechazaba la subida de sueldo de los diputados.

En la actualidad, un parlamentario gana, durante los ocho meses que duran los dos periodos de sesiones del año, entre 100.000 y 150.000 pesetas por término medio al mes; menos de la mitad de lo que obtienen los concejales madrileños, que además cobran 14 pagas.

El Ejecutivo regional pretende trasladar su propuesta a la Asamblea de Madrid para que una comisión especial estudie y tramite las modificaciones necesarias del Estatuto de autonomía. Una vez aprobado en el Parlamento regional, el proyecto de modificación deberá pasar a las Cortes Generales.

También quiere Ruiz-Gallardón un nuevo pacto autonómico -el último se firmó en 1992 y permitió a la Comunidad asumir la gestión de las universidades -para ampliar el techo competencial. Pretende para Madrid el presidente regional todas las competencias que tienen las autonomías de la vía rápida (Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucia), excepto la policía autonómica.

Por último, el PP desea introducir en el Estatuto de autonomía el contenido de una ley que aprobó Joaquín Leguina en 1990 y que permite disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Ruiz-Gallardón mantendrá que las nuevas elecciones sólo permitan al vencedor gobernar por lo que restase de legislatura y no por un periodo natural de cuatro años. MÁS INFORMACIÓN EN LA

La Asamblea examina al presidente. Entre las obras del metro, las visitas a empresas y las promesas a alcaldes, se le han pasado a Alberto Ruiz-Gallardón sus primeros 15 meses de presidente. Su gobierno avanza por el subterráneo a toda velocidad; en la superficie, las principales necesidades (casas para pobres, residencias para ancianos, pisos para chabolistas) se resuelven con lentitud.El nuevo presidente dedica un día a la semana a viajar por los municipios. Ha visitado ya 43 pueblos -la región tiene 179-

Ha firmado convenios con Parla, Fuenlabrada y Getafe para mejorar sus polígonos industriales;, ha elegido a Móstoles como sede de la sexta universidad (con sucursales en Fuenlabrada y Alcorcón); ha prometido cubrir las vías férreas de Getafe; ha avalado con 80 millones al equipo de baloncesto de Fuenlabrada; ha llevado de palabra el tren a Arganda, Rivas y Colmenar; el gran parque de atracciones a San Martín de la Vega y hasta el metro a Pozuelo.

Ruiz-Gallardón afronta hoy su primer debate del estado de la región como presidente. Éste es el balance resumido de su gestión:

Obras Públicas: los 20 kilómetros de metro prometidos están encarrilados. En 15 meses se han contratado obras por valor de 32.552 millones para 12,5 kilómetros. Se aprobó el proyecto de la línea 10, empantanado durante dos años, y se acordó la creación del billete único.

La vivienda embarrancó con el recorte: 5.000 millones menos para el Ivima, que hace los pisos para los más pobres. Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas, se defiende: "Conseguimos cobrar 2.000 millones de nuestro Consorcio Ciudad Loranca, y los hemos empleado en pagar deudas, con lo que podemos seguir haciendo casas. Y aprobamos el primer plan de vivienda".

Sobre chabolistas y chamizos habla esperanzado, aunque el poblado de Cañada Real, junto a la incineradora de Valdemingómez, sigue en pie después de que los dirigentes regionales hayan repetido que es "infrahumano". "Es imposible pasar del cero al infinito en un tema tan complejo. No es cuestión de dinero, a cada chabolista hay que realojárle en un edificio determinado", explica Cortés. "En la Celsa se hizo rápido y bien; en Los Focos vamos a un ritmo muy fuerte. Antes de julio realojaremos a 84 familias".

Economía. Ruiz-Gallardón recuperó a un banquero en declive, Luis Blázquez, para reducir a la mitad (de 400.000 a 200.000) los parados. Blázquez se lo tomó con ilusión y tres meses después anunció la inversión de cuatro multinacionales. De aquella euforía sólo queda la incertidumbre. ATT estudia estos días si invierte en la región. Blázquez tuvo una idea genial: crear 30.000 puestos de serenos armados de teléfonos móviles. Sin resultados.

Su optimismo chocó con la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejaba cada trimestre el aumento de parados. Blázquez dudó de la EPA y se quedó con los datos del paro registrado, que le favorecían.

Los sindicatos critican. Rodolfo Benito (CC OO): "Es verdad que se reduce el desempleo, pero se incrementa la precariedad. Si hay 5.000 parados menos, las contrataciones para lograr esa bajada son 100.000. Cuando una persona tiene un trabajo por cuatro horas a la semana, ya no figura en el Inem. Se ha debilitado el aparato industrial y las rebajas fiscales a empresarios no han favorecido la inversión". "La cultura del acuerdo está situada al borde del precipicio. El diálogo social no ha tenido conclusiones concretas". José Ricardo Martínez (UGT) cree que reducir los impuestos "es bueno de entrada", pues favorece la inversión. Reconoce. que ha bajado el paro, pero matiza: "Es empleo estacional y precario". "Los recortes en vivienda impiden la actividad en la construcción. En la gestión del PP veo claroscuros".

Servicios Sociales. El PP actualizó la lista de espera en residencias de ancianos y le salió una cifra alarmante: 10.000 mayores de 65 años aguardaban una plaza. El Gobierno no ha iniciado ni una sola residencia. Rosa Posada, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, responde: "Este año vamos a poner en funcionamiento 985 plazas. Solucionamos los problemas heredados: en algunos centros no había dinero para personal; en otros, terminamos las obras".

Pero con 985 plazas no se atienden las 10.000 peticiones, le apunta este periódico. Posada replica: "Hemos empezado a pasar lista, y de cada diez ancianos a los que llamamos acude uno para confirmar su solicitud". Posada ha preparado un plan gerontológico regional que llega hasta el.2005. "En tres meses lo llevaremos al Parlamento con memoria económica incluida".

Presidencia. El fuego y la nieve noquearon al consejero Jesús Pedroche. Se estrenó con el mayor incendio de la década en Somosierra y le llovieron quejas por la descoordinación en las tareas de extinción. De su promesa -ampliar los bomberos de 650 a 1.100- queda poco. Este año contrató 30; el próximo serán 70. La nevada de diciembre bloqueó Navacerrada 14 días. Pedroche salió de estos apuros y consiguió aprobar un reglamento de encierros muy duro.

Hacienda. Antonio Beteta, consejero de Hacienda, se pasó sus años de oposición criticando el alto endeudamiento. Cuando cogió las llaves de la caja regional siguió hinchando la deuda. Firmó un acuerdo histórico con todos los sindicatos y anunció una ciudad administrativa que Ruiz-Gallardón despreció.

Educación y Cultura. La sexta universidad pública arrancó en julio. El proyecto socialista lo desarrolló el consejero Gustavo Villapalos.

Los recortes presupuestarios. enterraron otro plan socialista -Un gran centro cultural en Arganzuela- Villapalos compró a Ruiz-Gallardón la compañía de danza de Víctor Ullate y continuó a buen ritmo la construcción de escuelas infantiles.

Medio Ambiente. Cerró la Agencia de Medio Ambiente. "Si existe una consejería, no hace falta", explicó el consejero, Carlos Mayor Oreja. Autorizó la apertura de la incineradora de Valdemingómez y mareó a la oposición con explicaciones sobre el vertedero ilegal de Las Cárcavas sin atreverse a cerrarlo.